Actúan brigadas de la muerte en Bolivia: torturas y dos muertos
-
Elecciones en Perú: extendieron la votación hasta este lunes para más de 60 mil personas en Lima
-
Reino Unido confirmó que "no participará" en el bloqueo del estrecho de Ormuz
Evo Morales habló ayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, ocasión en la que aseguró que la DEA "no volverá (a Bolivia) mientras sea presidente". Sin embargo, dijo que las relaciones pueden mejorar cuando asuma Barack Obama.
Por su parte, el viceministro de Gobierno (Interior), Rubén Gamarra, confirmó que nueve fueron entregados a la Policía, poco después de que el alcalde, Eugenio Rojas, también miembro de los «Ponchos rojos», convenciera a sus vecinos de que pararan el linchamiento.
Gamarra calificó los hechos, en declaraciones a radio Erbol, de «una reacción de la población en virtud de que tienen desconfianza de la acción del Ministerio Público y de la Justicia». «Sin embargo, la Policía garantiza que estas personas serán puestas a disposición de las autoridades competentes», señaló el funcionario, que aseguró que hará «el seguimiento necesario hasta su procesamiento y la sanción respectiva».
El viceministro, además, convocó a los vecinos de Achacachi a «deponer las actitudes violencia» y advirtió que «la justicia por mano propia no es la justicia comunitaria». Radio Fides informó que una unidad militar que tiene su cuartel cerca de la localidad intentó evitar el linchamiento, pero los achacacheños lo impidieron y ni siquiera le permitieron acercarse a los 11 sospechosos.
El linchamiento de los delincuentes sorprendidos «in fraganti» es una práctica habitual en la región andina boliviana, que reivindican los indígenas como una forma de «justicia comunitaria», aunque incluso el gobierno de Morales la rechaza.
En octubre pasado, el mandatario izquierdista dio un paso al costado en varias de sus propuestas constitucionales, fuertemente resistidas por la oposición. En un principio, Morales impulsaba la creación de un nuevo Poder Judicial paralelo que se encargaría de impartir «justicia comunitaria» en los pueblos indígenas, en un nivel similar al de la ordinaria.
En este sistema, que sería obligatorio para campesinos y pueblos originarios, no contemplaba ningún tipo de supervisión a estas prácticas por parte del Estado desconociendo principios elementales como el derecho a la vida, a la integridad física y al debido proceso, un punto polémico para un gobierno que se muestra como abanderado de los derechos humanos.
Finalmente, tras maratónicas negociaciones con los miembros de la oposición, la justicia comunitaria quedó como una competencia de administración de las autonomías indígenas por un lado, sólo aplicable a los miembros de la comunidad aborigen.




Dejá tu comentario