Caracas (EFE, DPA, ANSA) --El ministro de Interior de Venezuela, Ramón Rodríguez Chacín, admitió ayer que uno de los detenidos mientras intentaba vender municiones a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es un sargento del Ejército. No obstante, indicó que la versión del gobierno de Alvaro Uribe dista de las declaraciones del militar.
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El oficial, identificado como Manuel Agudo Escalona, y otro venezolano se declararon culpables de tráfico de armas en una audiencia realizada el sábado en Bogotá, tras ser detenidos en una zona selvática del sureste de Colombia junto con dos ciudadanos de ese país.
«Lo acusan de estar vendiendo municiones que el gobierno de Colombia dice que son robadas de Venezuela. Sin embargo, la versión que dio Agudo Escalona es que una persona le pidió cometer un delito que consistía en acompañarlo uniformado a la frontera para cruzar con 500.000.000 de bolívares (232.558 dólares), le dio 1.000.000 de bolívares (465 dólares) de pago adelantado y le ofreció 100.000.000 (46.511 dólares)», dijo Rodríguez Chacín.
Oficiales del Ejército colombiano aseguraron que las cuatro personas fueron detenidas in fraganti cuando intentaban vender 40.000 cartuchos para fusil AK-47 al Frente 16 de la guerrilla de las FARC.
«Alega el sargento que bajo engaño lo llevaron, abordó un bongo (canoa) en el lado venezolano y de inmediato que cruzó el río se aproximaron personas que introdujeron municiones a la embarcación. Pocos segundos después, apareció una comisión del gobierno colombiano y lo detuvieron», afirmó el ministro.
El presidente Hugo Chávez ordenó el domingo una investigación sobre este caso. En un comunicado, la Cancillería informó que una vez conocida la supuesta participación de ciudadanos venezolanos en un hecho irregular en Colombia, el gobierno «ordenó abrir una investigación a través de los órganos competentes para esclarecer de manera transparente la veracidad» del caso. En un primer momento, el comandante de las FF.AA., Alonso Carrión, había negado que Agudo Escalona fuera un militar en actividad.
«Desde el primer momento en que circularon las informaciones de prensa, establecimos comunicación con la Cancillería colombiana para cumplir con los pasos legales que nos lleven a verificar la identidad de los detenidos, como regularmente se acostumbra en estos casos», señaló.
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