Ajeno a polémicas, Sarkozy pone freno a la inmigración

París (EFE, AFP, Reuters) -Tras más de un mes de controversia, el Parlamento francés dio ayer luz verde definitiva al proyecto de ley de control de la inmigración, que impone la realización de un test genético para probar los lazos familiares de personas que quieran llegar al país alegando querer reunirse con parientes legalmente radicados.

El texto, que impone nuevas restricciones a la reagrupación familiar y fue consensuado por una comisión paritaria de las dos cámaras del Parlamento, fue adoptado por 282 votos a favor (del partido conservador UMP y 4 de sus aliados del Nuevo Centro) y 235 en contra (la oposición de izquierda y algunos conservadores y centristas).

Resultó llamativo que cuatro diputados de la UMP, el partido del presidente Nicolas Sarkozy, votaran en contra y otros 21 se abstuvieran. Se trató del voto legislativo más apretado para la UMP en años.

Horas después, el Senado refrendó el texto con 185 votos a favor y 136 en contra.

La última palabra la tendrá ahora el Consejo Constitucional, ante el que socialistas, comunistas y verdes ya han anunciado que apelarán para anular el artículo sobre los tests de ADN.

La fuerte controversia sobre la introducción de las pruebas genéticas dejó en la sombra el resto del proyecto de ley, elaborado por el ministro de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Codesarrollo, Brice Hortefeux, y que responde a la política de « inmigración elegida» del presidente Sarkozy, decidido a reducir la inmigración familiar y a potenciar la laboral.

Limitación

La enmienda sobre los tests de ADN, que un diputado de la conservadora UMP introdujo en el texto, fue suavizada en su paso por el Senado, al calor de la amplia oposición a una medida que el Comité de Etica consultivo consideró « contraria al espíritu» de la legislación francesa.

De forma experimental hastael 31 de diciembre de 2009, el recurso a exámenes genéticos estará limitado a los extranjeros provenientes de países donde el registro civil presenta deficiencias o es inexistente. Los exámenes deberán contar previamente con la autorización de un juez y la aceptación expresada en documento escrito por el solicitante. El costo del examen estará a cargo del Estado.

La realización de los exámenes de ADN ha provocado el rechazo frontal de la oposición de izquierda, las asociaciones de derechos humanos, iglesias, científicos y varios líderes africanos, pero también críticas de miembros de la mayoría conservadora -incluidos tres ex primeros ministros-y de varios integrantes del actual gobierno.

Objeción

«Este test de ADN introduce la peste biológica en la ley», objetó un diputado verde, que acusó a la mayoría conservadora de «instituir la xenofobia de Estado» y de « reembolsar la deuda con la extrema derecha,que permitió», dijo, la elección de Sarkozy.

El ministro Hortefeux denunció las «caricaturas y excesos» proferidos en torno a los tests, que utilizan ya doce países europeos gobernados en su mayoría por « socialdemócratas o socialistas».

Fiel colaborador de Sarkozy, defendió un procedimiento que, «con las garantías necesarias al respeto de la vida privada», «dará a los extranjeros de buena fe un derecho nuevo que les permitirá, si lo desean, aportar un elemento de prueba de su filiación».

Según un sondeo publicado ayer, 49 por ciento de los franceseses favorable a los tests, mientras 43 por ciento los ve «contrarios a los valores de la sociedad francesa».

Por otra parte, el proyecto de ley estipula que los candidatos a la reagrupación familiar se deberán someter a una prueba de conocimientos de la lengua francesa y «los valores de la república» y, si fracasan, a una formación de hasta dos meses, antes de poder llegar a Francia.

Además, el inmigrante legal que quiera traer a su familia deberá tener ingresos laborales al menos iguales al salario mínimo.

Contrato

Los padres deberán suscribir un contrato de «recepción e integración», cuyo incumplimiento los expondrá a la suspensión de ayudas familiares.

Una de las pocas disposiciones del proyecto no desfavorable a los extranjeros, dicen los críticos, prevé la regularización «a título excepcional» y caso por caso de trabajadores inmigrantes en sectores económicos o regiones con escasez de mano de obra.