Apuntan a un asesor de Bush como fuente del caso Plame
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Karl Rove, en plena campaña electoral.
Cooper y su colega del diario «The New York» Times Judith Miller recibieron la orden de testificar ante el gran jurado o enfrentar la prisión.
Ambos dijeron que preferían ir a la cárcel antes que revelar sus fuentes de información al gran jurado que investiga cómo se filtró a la prensa el nombre de la agente de la CIA.
• Delito federal
Revelar deliberadamente la identidad de un agente encubierto de la CIA es un delito federal. Un fiscal especial fue designado para investigar la filtración y citó a los periodistas para que revelaran la fuente.
Miller y Cooper invocan el derecho al secreto profesional que les permitiría respetar el anonimato de sus fuentes, por lo que desafiaron la orden.
Miller nunca utilizó las informaciones relativas a Valerie Plame que le fueron confiadas y Cooper mencionó la identidad de la agente en uno de sus artículos.
Miller podría comenzar el miércoles a cumplir una pena de 18 meses de prisión por desacato a un magistrado, luego que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara la semana pasada tomar el caso.
Cooper, por su parte, podría evitar la prisión, si la acusación se queda satisfecha con la decisión de su redactor en jefe de confiar sus libretas de notas a la Justicia.
El Comité de Periodistas por la Libertad de la Prensa denunció una «parodia» de justicia y Reporteros sin Fronteras consideró el caso «retrógado y liberticida», estimando que representa una derrota para todos los periodistas.
Para John Watson, un profesor adjunto de periodismo en la American University, «es como si el cielo cayera sobre nuestras cabezas, pero eso ocurre cada 25 o 30 años», relativizó.
«Eso no anuncia el fin del periodismo. Es un contratiempo serio para la libertad de prensa, pero sobreviviremos», añadió.
Aly Colon, del Instituto Poynter de periodismo, indicó que el caso Miller/Cooper debe hacer pensar dos veces a los periodistas antes de usar las fuentes anónimas. «Eso no debe transformarse en una costumbre», estimó.
Los defensores de la libertad de prensa se vieron shockeados por la decisión de «Time» de divulgar los documentos solicitados. Algunos temen que esta iniciativa aliente a otras redacciones a colaborar con la Justicia pese a objeciones de los periodistas, para evitar consecuencias jurídicas y comerciales perjudiciales.
«La misma Constitución que protege la libertad de la prensa exige el respeto de las decisiones de la Justicia», justificó el jueves el redactor en jefe de «Time», Norman Pearlstine.




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