Apura Chávez su programa golpista de 1992

Caracas - ¿Cuán lejos llegará el presidente Hugo Chávez en su esfuerzo por instaurar en Venezuela un sistema socialista inspirado en el modelo cubano? La respuesta bien puede estar escrita en los planes de su fallido golpe de Estado 15 años atrás.

Chávez pasó más de una década conspirando con otros oficiales antes de liderar la asonada de febrero de 1992, y durante ese tiempo contribuyó a redactar el borrador de una serie de decretos para un eventual gobierno revolucionario.

El mandatario aseguró haber quemado los documentos poco antes de ser arrestado por su participación en el golpe; sin embargo, copias de dicho plan fueron publicadas poco después.

El anteproyecto para un utópico gobierno militarista que pondría fin a la corrupción política puede leerse ahora como la hoja de ruta de Chávez en su avance hacia la nacionalización de industrias y el traspaso del poder a las comunidades organizadas.

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Entre sus decisiones, Chávez decretó que multinacionales petroleras, como la estadounidense Exxon Mobil y la francesa Total, deben entregar al Estado para el 1 de mayo el control de los multimillonarios proyectos que mejoran el crudo pesado de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Pero una de sus metas más ambiciosas es afianzar los consejos comunales, organizaciones comunitarias de ciudadanos que administrarán miles de millones de dólares provenientes de la renta petrolera, en el que sería su mayor esfuerzo por redistribuir el poder político.

Opositores aseguran que el plan pretende eliminar a sus rivales en los escasos gobiernos locales que aún ostentan, pero Chávez asegura que tiene sus raíces en la ideología izquierdista que inspiró su fracasado golpe de Estado.

La nacionalización de CANTV, el mayor grupo de telecomunicaciones del país, refleja el decreto número 13 del proyecto, que abogaba por suspender las privatizaciones.

El mes pasado, en lo que la oposición calificó como un abuso de poder de un dictador en ciernes, Chávez lanzó un decreto que criminaliza el acaparamiento de alimentos en un intento de combatir un brote de escasez en los supermercados. Esto también es un eco de 15 años atrás, cuando junto con sus compañeros de conspiración planeó dictar el 9° decreto: «Declarar crimen de suma gravedad cualquier acaparamiento de mercancías (...), particularmente de alimentos.»

El historiador venezolano Alberto-Garrido asegura que los objetivos del presidente siempre han estado claros, pero que sus planes revolucionarios han sido consistentemente subestimados o se les ha restado importancia.