La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó hoy las presiones ejercidas por Estados Unidos sobre otros países para que firmen acuerdos bilaterales que conceden inmunidad a los ciudadanos estadounidenses ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).
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Esas presiones "nos parecen chocantes" porque se dirigen a "pequeños países que viven una situación de dependencia" respecto a EEUU, subrayó el ponente de la resolución adoptada por la Asamblea, el parlamentario liberal suizo Dick Marty.
Aseguró que con la resolución "no condenamos" a los países que han aceptado suscribir acuerdos bilaterales de ese tipo con Estados Unidos -hasta ahora 44 en el mundo-.
Pero insistió en que "la inmunidad es la negación de la primacía del derecho. Es un paso atrás en la historia", mientras "nuestros pueblos nos piden perseguir a la peor especie de criminales".
Cinco miembros u observadores del Consejo de Europa, Rumanía, Azerbaiyán, Albania, Bosnia Herzegovina y Georgia, han firmado esos acuerdos bilaterales de inmunidad, y los tres últimos incluso los han ratificado.
En cuanto a las presiones que ahora ejerce Estados Unidos sobre Bulgaria, que ha condicionado una ayuda a su firma, el secretario general del Consejo de Europa, Walter Schwimmer, recomendó a los Estados concernidos "no permitir excepciones a la jurisdicción del TPI", que es "uno de los grandes logros de la comunidad internacional en los últimos años".
En la resolución de la Asamblea del Consejo se pide a los que han firmado los acuerdos que no los ratifiquen, y a los que no lo han hecho que "se mantengan fieles a sus principios".
El diputado socialista español Luis Yáñez aseguró que "no se es anti norteamericano cuando se defiende el multilateralismo" que hay tras el TPI, y recordó que el anterior presidente de EEUU, Bill Clinton, había firmado el Estatuto de Roma, que luego su sucesor, George Bush, se ha negado a ratificar.
En el texto adoptado por la Asamblea del Consejo se considera que la resolución 1422 del Consejo de Seguridad de la ONU, que impide que las personas vinculadas a una misión de Naciones Unidas puedan ser objeto de una acusación en el TPI, es una "injerencia jurídicamente discutible y políticamente dañina en el funcionamiento de la Corte".
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