Asamblea condena presiones EEUU para debilitar la acción del TPI

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó hoy las presiones ejercidas por Estados Unidos sobre otros países para que firmen acuerdos bilaterales que conceden inmunidad a los ciudadanos estadounidenses ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Esas presiones "nos parecen chocantes" porque se dirigen a "pequeños países que viven una situación de dependencia" respecto a EEUU, subrayó el ponente de la resolución adoptada por la Asamblea, el parlamentario liberal suizo Dick Marty.

Aseguró que con la resolución "no condenamos" a los países que han aceptado suscribir acuerdos bilaterales de ese tipo con Estados Unidos -hasta ahora 44 en el mundo-.

Pero insistió en que "la inmunidad es la negación de la primacía del derecho.
Es un paso atrás en la historia", mientras "nuestros pueblos nos piden perseguir a la peor especie de criminales".

Cinco miembros u observadores del Consejo de Europa, Rumanía, Azerbaiyán, Albania, Bosnia Herzegovina y Georgia, han firmado esos acuerdos bilaterales de inmunidad, y los tres últimos incluso los han ratificado.

En cuanto a las presiones que ahora ejerce Estados Unidos sobre Bulgaria, que ha condicionado una ayuda a su firma, el secretario general del Consejo de Europa, Walter Schwimmer, recomendó a los Estados concernidos "no permitir excepciones a la jurisdicción del TPI", que es "uno de los grandes logros de la comunidad internacional en los últimos años".

En la resolución de la Asamblea del Consejo se pide a los que han firmado los acuerdos que no los ratifiquen, y a los que no lo han hecho que "se mantengan fieles a sus principios".

El diputado socialista español Luis Yáñez aseguró que "no se es anti norteamericano cuando se defiende el multilateralismo" que hay tras el TPI, y recordó que el anterior presidente de EEUU, Bill Clinton, había firmado el Estatuto de Roma, que luego su sucesor, George Bush, se ha negado a ratificar.

En el texto adoptado por la Asamblea del Consejo se considera que la resolución 1422 del Consejo de Seguridad de la ONU, que impide que las personas vinculadas a una misión de Naciones Unidas puedan ser objeto de una acusación en el TPI, es una "injerencia jurídicamente discutible y políticamente dañina en el funcionamiento de la Corte".