Avanza plan de Uribe para liberar a rebeldes

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Bogotá (EFE, AFP) - Un grupo de 54 guerrilleros de las FARC llegó ayer a un centro recreacional del centro-oeste colombiano para sumarse a otros 57 que serán indultados por el gobierno en un gesto para presionar la liberación de 56 secuestrados en poder de esa organización terrorista.

Antes de ser trasladados, los guerrilleros se encontraban concentrados en la cárcel de la localidad de Chiquinquirá (140 km al norte de Bogotá), a donde llegaron entre viernes y sábado procedentes de prisiones en diversas partes del país. En total, a Chiquinquirá fueron trasladados 193 rebeldes que cumplieron allí una serie de diligencias judiciales para que las autoridades verificaran si sus delitos les permitían beneficiarse del indulto. El presidente Alvaro Uribe señaló que no todos los 193 serán excarcelados, puesto que al parecer entre 15 y 20 no cumplirían con los requisitos para obtener el beneficio.

Cumplidas las diligencias judiciales, el martes salieron 56 rebeldes de Chiquinquirá hacia un centro recreacional de la población de Chicoral (centro-oeste). El lunes, una guerrillera más y su hijo de dos años habían sido trasladados al lugar en un helicóptero del gobierno. Se espera que la totalidad de los rebeldes que serán indultados se encuentre en Chicoral, a más tardar hoy.

Allí son objeto de charlas, dinámicas y ejercicios por parte de un equipo interdisciplinario, con miras a hacer más factible su reincorporación a la vida civil.

Uribe decidió la liberación unilateral para presionar a las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a fin de que liberen a 56 secuestrados entre los que se encuentran la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y decenas de políticos, militares y policías colombianos.

  • Críticas renovadas

    Para propiciar esa liberación y a pedido del presidente francés, Nicolas Sarkozy, el mandatario también liberó al llamado «canciller» de las FARC, Rodrigo Granda, quien en un comienzo se había negado a salir en libertad y dicho que seguiría obedeciendo a la dirección de las FARC.

    A pesar de los esfuerzos del gobierno la organización guerrillera renovó sus críticas al proceso. «Con la libertad condicionada de presos el Presidente busca ocultar su verdadera intención de impedir que las autoridades judiciales avancen en sus investigaciones a congresistas, militares, personalidades y contra su gobierno», insistió la organización. Denunció además los «evidentes nexos» del Ejecutivo «con la narco-para-política y su responsabilidad en múltiples y espantosos crímenes contra civiles acusados de apoyar a la guerrilla».
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