Aznar, contra ilegales

Madrid y Roma (AFP, ANSA) - El gobierno español prevé incrementar el presupuesto destinado a la represión de la inmigración clandestina que contempla repatriaciones, centros de internamiento de extranjeros en situación irregular y el refuerzo de su dispositivo de detección electrónica en el sur del país, dentro de un marco de incremento de las penas y reducción de derechos para los que lleguen al país ilegalmente.

Al hablar ayer ante la Comisión de Justicia e Interior de la Cámara de Diputados, el encargado de Extranjería y la Inmigración, Ignacio González, informó que el presupuesto destinado a la lucha contra la inmigración ilegal ascenderá en 2004 de 18,6 millones de euros, lo que supone un aumento de 116% respecto de la partida anterior (8,6 millones). «Son unos presupuestos que dan respuesta eficaz, desde el punto de vista social, político y económico, a un fenómeno como el de la inmigración», afirmó. El presupuesto 2004 prevé 13,3 millones de euros (contra 3,3 millones en 2002) para la construcción de al menos cuatro centros de internamiento para inmigrantes clandestinos.

Las medidas represivas dispuestas en la Ley de Extranjería que entrará en vigor en 2004 están dirigidas mayormente a africanos y a latinoamericanos, aunque no a argentinos por el tipo de emigrantes que salen de nuestro país.

• Seguridad electrónica

España afronta un crecimiento del nivel de delitos, que es atribuido por sectores políticos y gubernamentales a la inmigración ilegal, principalmente la que llega de Africa en pateras (pequeñas embarcaciones). Por ello, el plan incluye un enorme dispositivo de seguridad electrónica en inmediaciones del estrecho de Gibraltar, denominado SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior).

Según cifras oficiales, 1,5 millón de extranjeros vive en España, de los cuales casi la mitad son latinoamericanos. Unos 600.000 inmigrantes están en situación irregular, según la ONG SOS Racismo. El total de inmigrantes argentinos sería de 180.000.