3 de febrero 2007 - 00:00

Bolivia: 9 heridos en violento desalojo de una planta petrolera

El gobierno de Bolivia tomó ayer militarmente el control de la planta de hidrocarburos de Transredes en Camiri, a 120 kilómetros de Santa Cruz, lo que causó al menos nueve heridos en enfrentamientos posteriores con los pobladores que el viernes ocuparon el predio y cortaron las válvulas de los ductos.

Horas después del desalojo concretado durante la madrugada, el gobierno anunció que consolidó el control militar de la planta de Transredes en Camiri, ciudad ubicada al sur de Bolivia, y se normalizó el bombeo de hidrocarburos.

La tensión se mantenía ayer por la tarde de acuerdo a los informes de radio reproducidos por una agencia italiana, los que indicaban que los militares están parapetados dentro de la planta mientras centenares de civiles, armados de piedras y palos, la mantienen virtualmente sitiada.

Los mismos informes señalaron que nuevos contingentes militares llegaron a esa ciudad, tras los enfrentamientos de la mañana que causaron nueve heridos.

Los pobladores de Camiri tomaron el viernes la planta de Transredes y cerraron las válvulas de los ductos que transportan hidrocarburos al interior del país, tal como lo habían decidido horas antes en un cabildo en el que acordaron endurecer las medidas contra el gobierno.

Pero la toma, aunque pacífica, de la planta y la puesta en riesgo del suministro de hidrocarburos a algunas ciudades del país, obligaron al gobierno de Evo Morales a disponer la intervención militar.

Las fuerzas nacionales retomaron los predios a las 04:30 sin que se registraran mayores enfrentamientos y desde entonces se mantuvieron parapetados en el interior de la planta, hasta que un grupo de pobladores intentó reingresar a las 8:15, de acuerdo a las crónicas de los medios locales El enfrentamiento comenzó entonces cuando una multitud llegó hasta la planta y derribó los muros perimetrales, a lo que las fuerzas militares la defendieron disparando gases y balines de goma, aunque algunas personas dijeron por radio que había disparos con munición de guerra.

Según la versión gubernamental, los pobladores atacaron con piedras y palos a los militares en procura de desalojarlos de la planta que ocuparon en la madrugada.

Tras seis días de mantener paralizado ese distrito petrolero, los pobladores de Camiri reafirmaron "el paro y bloqueo de caminos hasta que el gobierno atienda la demanda" de "refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y lleve a esa ciudad, a 1.250 kilómetros de La Paz, las unidades operativas".

Las demandas, ahora, incluyen también la reversión al estado de las dos petroleras que administra la brasileña Petrobras desde hace más de 20 años y de los campos que se consideran marginales y explotan empresas extranjeras.

El gobierno ratificó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) transferirá a los distritos petroleros las unidades operativas, pero mantendrá centralizadas en La Paz el directorio, la presidencia y las gerencias, y a cambio ofreció un plan integral de desarrollo para el gran Chaco.

El portavoz gubernamental, Alex Contreras, dijo que una misión de alto nivel se presentará en la ciudad de Santa Cruz y pidió a los dirigentes cívicos de Camiri que viajen también a esa ciudad para negociar una salida al conflicto, convite que fue rechazado.

Mirko Orgaz, presidente del comité de huelga, ratificó que se mantendrá la movilización popular para volver a ocupar no sólo la planta de Transredes sino también los campos marginales que explotan las petroleras Chaco y Andina.

Mientras tanto, y según los informes periodísticos desde el lugar, habitantes de algunos pueblos vecinos declararon ya su solidaridad con la gente de Camiri y se estarían movilizando para apoyarla, lo que podría expandir el foco de conflicto.

Ante las versiones que indicaban la existencia de dos heridos de bala, el ministro de gobierno, Alfredo Rada, aseguró que "la orden terminante que tienen el ejército y la policía es de utilizar únicamente agentes químicos y balines de goma".

Al justificar la decisión de recuperar por la fuerza la planta, el funcionario expresó en conferencia de prensa en el palacio de Gobierno que "la ocupación ponía en riesgo el abastecimiento de combustibles al resto del país y la seguridad de los equipos que son patrimonio del pueblo boliviano".

El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, dijo por su parte que la paralización de la planta provoca una pérdida de 35.000 dólares por hora al Estado y reiteró que el gobierno cumplirá con la "refundación" de la petrolera estatal.

Villegas dijo que el gobierno está empeñado en recuperar las refinerías que administra Petrobras en Bolivia pero que no recurrirá a la expropiación, tal como exigen los pobladores de Camiri.

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