Bolivia cada vez peor. Ahora rechazan el diálogo de Mesa

La complicación regional que irradia Bolivia parece agravarse día tras día. El llamado al diálogo por la unidad del país lanzado por el presidente Carlos Mesa encontró ayer rechazos en todo el arco político, así como en sectores autonomistas, organizaciones empresariales y grupos de izquierda. Precisamente, la izquierda radicalizada parece haber hallado en Bolivia el epicentro ideal para volcar su presión y poner en riesgo la estabilidad económica de toda la región. El encarecimiento del gas que exporta este país a la Argentina, y que por vía indirecta llega a Chile, sería una consecuencia lógica si avanza la Ley de Hidrocarburos objetada por el mandatario, que el Congreso aún puede promulgar. Ni que hablar si esa norma fracasa y avanzan otras propuestas, de neta nacionalización, tal como exige el líder cocalero y diputado Evo Morales. En medio de la crisis, resurgieron ayer las versiones de una probable renuncia de Mesa y de una convocatoria a elecciones anticipadas. Por el momento, y pese a las fuertes dudas de los analistas, esa posibilidad fue descartada oficialmente.

El espectro de una Bolivia hecha pedazos por los conflictos sociales sobrevuela en los análisis políticos recientes. Así resumió esos temores el humorista Javier Menchaca, del diario "La Prensa", de La Paz.

La Paz (AFP, Reuters y diarios locales) - La convocatoria a un encuentro por la unidad de Bolivia formulada por el presidente del país, Carlos Mesa, se encontró ayer con el rechazo abierto de los principales actores políticos y llamados a huelgas, y piquetes por parte de las organizaciones radicalizadas.

Mesa anunció el martes, junto con el llamado al diálogo, la devolución al Congreso (virtual veto) de la polémica Ley de Hidrocarburos aprobada por ambas cámaras, norma que fue criticada tanto por los sindicatos y activistas de izquierda como por las empresas con intereses en el sector energético, que calificaron de «confiscatoria» una carga a la explotación que sumaría 18% de regalías y 32% de impuestos no deducibles de otros gravámenes.

Si Mesa formaliza el anuncio de objeción de la ley antes del martes, fecha límite, el Congreso necesitaría entonces dos tercios de los votos para ratificarla, lo que es considerado una meta difícil según el diario cruceño «El Deber». En el caso de que el presidente no efectúe modificaciones específicas a la ley, el Congreso cuenta con un plazo de diez días para promulgarla sin mayorías especiales.

Ante la incertidumbre que genera el actual clima político, el ministro de la Presidencia, José Galindo, aclaró ayer que «el Presidente ni está en camino de renunciar ni va a renunciar. Se queda hasta el 6 de agosto de 2007».

Al llamado a un encuentro en la ciudad de Sucre a 76 representantes de sectores políticos y sociales para superar la división generada por la aprobación de la norma, el dirigente cocalero y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, respondió con la ratificación de una marcha por la nacionalización de hidrocarburos. «Va a continuar la marcha hacia La Paz por los hidrocarburos y por la unidad del pueblo boliviano, por una asamblea constituyente con autonomía para los pueblos», advirtió Morales. Además de la nacionalización, el MAS exige que se reimplante la propiedad estatal de los hidrocarburos y que se disponga de un derecho de veto indígena a las eventuales explotaciones de hidrocarburos.

El líder opositor calificó la reunión de Sucre como «un encuentro de los neoliberales y no de los movimientos sociales».

Tal como fue planteada la ley aprobada, se traduciría en un encarecimiento de la imprescindible provisión de gas a la Argentina y, por vía indirecta, a Chile. Como previsiblemente la inversión privada podría retraerse, quedaría relegado el proyecto del gasoducto del noroeste argentino.

En este contexto, los problemas en la región parecen potenciarse. La prensa chilena informó ayer que en la región central la industria se vio seriamente afectada por la falta de gas, producto de una falla en un pozo gasífero de la empresa Total y de que la Argentina limitó sus exportaciones a raíz de un aumento en el consumo local.

En tanto, el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, aseguró que «las medidas (de fuerza) tienen que ir adelante; nadie ni nada las paran», según citó el diario «La Razón».

• Estatización

Aun más radical que el MAS, la COB exige una nueva estatización de los recursos en el país, poseedor de la segunda reserva gasífera del continente, con unos 53 trillones de pies cúbicos.

Un dirigente de la combativa ciudad indígena de El Alto, Roberto de la Cruz enfatizó: «Nosotros ratificamos la marcha (pronacionalización de hidrocarburos) desde Caracollo» hacia La Paz, en la que también se involucraron cultivadores de coca del Chapare (centro).

En lo que parece ser una carrera para ver quién plantea la lucha más osada, el jerarca de los indios aymaras, Felipe Quispe (el «Mallku»), planteó la separación de esta etnia de la soberanía estatal.

En el otro extremo, el esfuerzo concertador de Mesa también mereció el rechazo del influyente comité autonomista pro Santa Cruz, que reúne a empresarios de la región más próspera del país. En cambio, organizaciones de Cochabamba y Tarija -esta última, donde se emplaza la mayor riqueza gasífera boliviana- aceptaron acudir al encuentro, al igual que organizaciones empresariales de La Paz.

En el espectro político, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, del depuesto presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y principal bancada legislativa, anunció que desoirá el llamado de Mesa. A esta formación pertenece el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío.

En la misma corriente, un dirigente de la derechista Nueva Fuerza Republicana, el diputado Eloy Luján, consideró que el gobernante «quiere ganar tiempo para las trasnacionales».

En un intento aglutinador, Mesa aseguró la concurrencia a la crucial cita del lunes de una misión observadora de la Organización de las Naciones Unidas, así como delegaciones de la Iglesia Católica, el defensor del pueblo y la independiente Asamblea de Derechos Humanos.

Los próximos días son clave para ver si se concreta el veto presidencial y si la convocatoria al diálogo cuenta con apoyos de otros sectores políticos.