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El pedido para la extradición del ex gobernante boliviano fue dictado por el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la acusación de los familiares de los políticos y sindicalistas desaparecidos en ese país durante los gobiernos militares de los años setenta.
La Cancillería boliviana, al confirmar que ha recibido la solicitud de la justicia argentina, anunció en un comunicado que será enviada inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia para su consideración.
Banzer, que gobernó con respaldo civil y militar entre 1971 y 1978, es acusado en Buenos Aires, junto a los ex presidentes argentino Rafael Videla, el chileno Augusto Pinochet y el paraguayo Alfredo Stroesner, por los supuestos delitos de asociación ilícita y privación de libertad.
Desde su residencia en la ciudad de Santa Cruz, en el este de Bolivia, el ex gobernante, de 75 años, ha rechazado las acusaciones de haber sido un dictador y negó que, durante su régimen de facto, hubiese ordenado los delitos que le sindican.
Tras su derrocamiento en 1978, Banzer fundó un partido político, Acción Democrática Nacionalista (ADN) y se convirtió a la democracia en busca del poder legal, que logró en 1997, tras seis postulaciones presidenciales consecutivas.
Dimitió como Jefe de Estado en agosto de 2001, un año antes de finalizar su mandato constitucional, obligado por un tumor canceroso en el pulmón, contra el que el sábado pasado se sometió a la octava quimioterapia.
En respuesta a la orden de captura con fines de extradición anunciada desde Argentina, el ex gobernante se hizo la terapia contra el cáncer en una clínica de Santa Cruz, abandonando el plan de hacerlo en el hospital militar Walter Reed, de Washington, donde había iniciado el tratamiento en julio pasado.
Mientras los médicos informaron de que el paciente ha respondido bien a la quimioterapia, sus familiares y los dirigentes de su partido insistieron en que la justicia argentina no tiene jurisdicción para procesarlo.
Las autoridades bolivianas, encabezadas por el presidente Jorge Quiroga, han señalado que los ex gobernantes bolivianos sólo pueden ser juzgados por la Corte Suprema de la Nación y descalificaron la orden de arresto enviada por Canicoba a la Interpol.
Un equipo de abogados ya fue organizado para defender al anciano ex presidente.
Algunos abogados especialistas han declarado a la prensa local que si la justicia boliviana niega la solicitud de extradición de Argentina, deberá ordenar la apertura de un proceso en el país.
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