La Paz (Reuters, AFP) -Diversas organizaciones políticas y sociales de Bolivia celebraron ayer la decisión del presidente Carlos Mesa de que el gas vuelva a control del Estado. Mesa anunció el domingo la derogación del decreto supremo 24.806 sancionado por Gonzalo Sánchez de Lozada, que reconocía a las petroleras extranjeras como dueñas del energético fuera de pozo, entre otras medidas que intentan superar la crisis de ese país y limitar el déficit fiscal.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
«El presidente Mesa está en la dirección correcta al derogar ese decreto que fue perjudicial para el Estado boliviano», dijo el líder de la oposición, el diputado cocalero Evo Morales. Otros legisladores celebraron el «fin del neoliberalismo».
El decreto había sido promulgado el 4 de agosto de 1997, dos días antes que el presidente Sánchez de Lozada terminara su primer mandato constitucional. El segundo terminó abruptamente el año pasado, a sólo 14 meses de haber asumido la presidencia. Mesa propuso también la creación de un nuevo impuesto a las petroleras hasta llegar a un tope de 50 por ciento, propuesta que figura en el proyecto de una nueva ley de hidrocarburos que deberá ser discutida por el Congreso. La española Repsol YPF, la francesa Total, la británica BG, la argentina Pluspetrol y la brasileña Petrobras figuran entre algunas de las empresas petroleras que operan desde 1997 en Bolivia.
Las medidas anunciadas por Mesa incluyen más impuestos para los bolivianos de clase media y de mayores ingresos. «Esto es para los ricos, los que tiene más deben pagar más,» dijo Javier Nogales, ministro de Desarrollo Económico y jefe del equipo económico del presidente Mesa.
No obstante, los más combativos sindicatos bolivianos anunciaron que resistirán el plan económico. La Central Obrera Boliviana (COB) y la Central Obrera Regional de El Alto (COR) anunciaron que habrá «resistencia» a las nuevas medidas. El programa lanzado ayer por Mesa prevé un ahorro de 400 millones de dólares, que implicaría una rebaja en el déficit fiscal de 8 a 6,8 por ciento.
Dejá tu comentario