Tras casi una semana de una huelga opositora en Bolivia en reclamo a la realización de un censo, el gobierno de Luis Arce suspendió las exportaciones de soja y sus derivados, y de carne de res a partir de este jueves para evitar un posible desabastecimiento.
Paro opositor en Bolivia: el gobierno suspende exportaciones por temor a desabastecimiento
El ejecutivo de Arce interrumpió la venta de soja y sus derivados y de carne. Santa Cruz comenzó hace una semana una huelga indefinida por un censo que define las partidas presupuestales.
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Punto de bloqueo en Santa Cruz durante la huelga por el censo boliviano.
Las autoridades decidieron la noche del miércoles "suspender temporalmente la exportación de soja, torta de soja, harina integral de soja, azúcar, aceite y carne de res" porque "existe un riesgo de desabastecimiento e incremento de los precios de la canasta familiar", detalló en conferencia de prensa el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.
Colombia, Perú, Ecuador y Chile son los principales compradores de derivados de soja bolivianos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de la carne bovina, se trata de China, Perú y Ecuador.
La región de Santa Cruz, motor económico de Bolivia y bastión de la oposición, mantiene una huelga indefinida contra el gobierno del izquierdista Luis Arce para exigir un censo que actualice su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe.
Huanca responsabilizó al gobernador de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, y a líderes sociales y empresariales que encabezan las protestas de "las consecuencias de la paralización del sector productivo y de atentar contra la seguridad alimentaria". Sin embargo, la ley boliviana solo permite exportar el excedente de la producción de alimentos necesaria para abastecer al mercado local.
La huelga comenzó el sábado, con enfrentamientos entre detractores y seguidores del Gobierno que dejaron un muerto y que fue objeto de una condena por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).
La puja por el censo en Bolivia
Santa Cruz, pujante región ubicada en el este del país, lidera las movilizaciones para que el censo se realice en 2023 y sus resultados se conozcan antes de las próximas elecciones, en 2025. El ejecutivo de Luis Arce, que había programado el censo para noviembre próximo, decidió postergarlo hasta 2024, lo que impediría procesar los nuevos datos antes de los comicios.
La representación en la Asamblea Legislativa y la partida presupuestal del Estado que recibe cada departamento de Bolivia depende de su población. Por eso Santa Cruz, el más poblado del país, reclama actualizar los datos. El último censo se hizo hace más de diez años.
Tras una infructuosa negociación inicial, Arce convocó para el viernes una reunión con gobernantes de todas las regiones del país en la ciudad central de Cochabamba para encontrar "una solución definitiva" al conflicto. Pero Camacho, que había aceptado la invitación, se retractó y anunció que no asistirá.
"Estamos abiertos al diálogo, pero no vamos a ir a avalar una reunión de 'masistas'", afirmó el derechista en un mitín la noche del miércoles, en referencia al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS). "Es aquí donde está el conflicto. No nos quieren, no nos consideran bolivianos", agregó, criticando al presidente por el lugar escogido para el encuentro.
Cómo se desarrolla el paro cívico
Mientras tanto, los manifestantes que encabezan la huelga indefinida continuaban este jueves bloqueando con neumáticos, ramas y banderas nacionales y regionales para impedir el paso en calles y rutas de Santa Cruz. Además, numerosos negocios mantenían sus puertas cerradas.
"Estamos acá para pedir que se haga el censo, que es algo que necesitamos todos", dijo el miércoles a la AFP Carolina Pérez, ingeniera comercial de 32 años, parada junto a una montaña de arena que bloqueaba el tránsito vehicular.
Luis Arce, delfín del expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019), enfrenta el primer conflicto social de envergadura desde que asumió el cargo hace dos años. Los últimos enfrentamientos violentos se registraron en Bolivia a fines de 2019, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) y opositores de derecha denunciaron que Morales había cometido fraude en su reelección para un cuarto mandato, desencadenando un golpe de Estado contra el entonces mandatario.
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