Bolsonaro se autoaministía por los posibles crímenes cometidos en la pandemia

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Hizo extensiva la medida a todos los funcionarios en momentos en que crecen las críticas a su manejo descuidado de la crisis. Las muertes en el país superan ya largamente las 13.000.

Brasilia - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decretó ayer una suerte de amnistía para los funcionarios públicos de todos los niveles, incluido él mismo, para que no sean responsabilizados penalmente por actos cometidos durante el manejo de la crisis del nuevo coronavirus.

La interpretación que los principales medios de comunicación dieron a la medida provisoria (una suerte de decreto de necesidad y urgencia que debe pasar por el Congreso) fue unánime: Bolsonaro busca autoamnistiarse anticipadamente debido a los reproches legales que podrían caberle por haber minimizado la pandemia y permitido, de ese modo, que Brasil sea uno de los países del mundo con mayor incidencia de muertos.

A diferencia de la Argentina (ver nota aparte), el Gobierno federal brasileño tomó decisiones apenas generales y recomendaciones no vinculantes en el área de salud.

Cuando Bolsonaro intentó quebrar por decreto las cuarentenas dictadas por intendentes y gobernadores, el Supremo Tribunal Federal le negó esa atribución.

Sin embargo, sus actitudes han sido ampliamente consideradas como un boicot a las medidas estaduales de aislamiento social, lo que contribuyó a un seguimiento desparejo y errático de las mismas.

En ese contexto, Brasil es ya el sexto país del mundo más golpeado por la pandemia y, para peor, muestra una curva de contagios y muertes en preocupante progresión.

Según datos difundidos el miércoles a última hora, el país registró en esa jornada 749 muertes y 11.385 nuevos casos registrados, mientras que las cifras totales se elevaban, respectivamente a 13.149 y 188.974.

En tanto, el columnista Merval Pereira, del diario O Globo, señaló que “la medida provisoria puede ser considerada la (equivalencia de la) ‘exclusión de ilicitud’ (para efectivos de seguridad) que fue rechazada por el Congreso, que decía que el agente público no puede ser culpado cuando actúa bajo ‘miedo excusable, sorpresa o emoción violenta’”.

“En la medida provisoria relacionada con el Covid-19, los agentes públicos ‘solamente podrán ser responsabilizados en las esferas civil y administrativa si actuaron o si omitieron hacerlo con dolo o error grosero en la práctica de actos relacionados, directa o indirectamente, con las medidas de combate al coronavirus”, añadió. “El espíritu es el mismo: eximir de culpa a los agentes públicos que se excedan en el cumplimiento de sus deberes, provocando muertes. En el caso del Covid-19 hay un ingrediente más: el presidente Bolsonaro firma una especie de autoamnistía anticipada”, señaló,

Eso, según el influyente comentarista del diario más tradicional de Brasil, “coloca en el campo subjetivo sus andanzas por las calles (durante la cuarentena vigente en Brasilia), con lo que puso en riesgo su vida y las de los ciudadanos que él saludaba y abrazaba (…). No creo que eso pase por el Congreso”.

Puntualmente, la Medida Provisoria 966, que debe ser aprobado en 180 días por el Congreso pero que provisionalmente está en vigor, define como “error grosero” pasible de demandas un “error manifiesto, evidente e inexplicable practicado con culpa grave, caracterizado por omisión con elevado grado de negligencia, imprudencia o impericia”.

Pero para definir lo que es error grosero, hay que tomar en cuenta “los obstáculos o dificultades reales del funcionario público, la complejidad del caso y las atribuciones ejercidas, la circunstancias de falta de información de urgencia o en emergencia y el contexto de incertidumbre acerca de las medidas para enfrentar el Covid-19 y sus consecuencias, incluso las económicas”.

El decreto, que provocó una polémica inmediata, lleva también la firma del ministro de Economía, Paulo Guedes.

El presidente afirmó la semana pasada que no puede ser responsabilizado por las consecuencias económicas de la crisis, a raíz de que él no tomó medidas como cuarentenas o cierre de comercios e industrias, decididas por gobernadores y alcaldes.

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