Brasil: la oposición pidió impugnar la candidatura de Dilma Rousseff

Dilma Rousseff y José Serra

El postulante socialdemócrata a la Presidencia de Brasil, José Serra, impugnó formalmente la candidatura de su rival oficialista, Dilma Rousseff, a la que acusa de intentar beneficiarse de la violación del secreto fiscal de miembros de la coalición opositora, informó el Tribunal Superior Electoral (TSE).

"La coalición partidaria pidió que se declare inelegible a la candidata Rousseff, y el caso deberá ser analizado por el fiscal general electoral antes de llegar al Plenario" del organismo, indicaron voceros del TSE.

El pedido se apoya en denuncias sobre la violación del secreto fiscal de una hija de Serra, la empresaria Verónica Serra, y de varios dirigentes de su Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), en el ámbito de la Dirección General Impositiva brasileña.

En el documento de 31 páginas presentado en la noche del miércoles, se afirma que personas que participan en el comité electoral de Rousseff están vinculadas a la violación de datos para su eventual utilización con fines electorales.

Por ello, el documento pide "la condena de los representados" que son Rousseff y varios asesores, "ante la gravedad de los hechos denunciados", en el marco de una ley que estipula la anulación de candidaturas por un plazo de tres años cuando ese tipo de denuncias resulten probadas.

Por su parte, el magistrado Aldir Passarinho Junior, del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, analizará el pedido de impugnación de la candidatura oficialista de la ex ministra Dilma Rousseff a las elecciones presidenciales del 3 de octubre.

El escándalo contribuyó a "calentar" una hasta ahora fría campaña proselitista, en la que, según los últimos sondeos, Rousseff tiene virtualmente asegurado su triunfo en la primera ronda electoral, ya que disfruta del 51 por ciento de las preferencias, frente al 27 por ciento de Serra.

El candidato opositor elevó el tono y, en un discurso pronunciado anoche en Sao Paulo, acusó el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva de ser "una máquina partidaria que amenaza y persigue a las personas", y de poner al funcionariado público "a servicio de una operación político-partidaria".

La candidata oficialista, sin embargo, rechazó tajantemente cualquier responsabilidad en el escándalo, sostuvo que es "la más interesada" en que se investigue el caso y amenazó con demandar a su rival por calumnia.

"No es posible usar la calumnia para lograr cualquier ventaja electoral. Soy la más interesada (en la investigación), porque estoy siendo sistemáticamente acusada en forma ligera... Él (Serra) tendrá que presentar pruebas", expresó Rousseff.

Según los analistas políticos brasileños, pese a la gravedad de la denuncia es improbable que el escándalo haga cambiar el panorama claramente favorable a la candidata oficialista, incluso porque no existen pruebas de que el delito haya sido practicado por personas vinculadas a Rousseff, ni tampoco que la violación del secreto fiscal haya tenido el objetivo de perjudicar a Serra.

"Para lograr algún efecto electoral, este caso de violación del secreto fiscal tendrá que presentar hechos nuevos. Por ejemplo, la participación clara de miembros del PT o de gente de la campaña de Dilma Rousseff en la operación de compra de los datos secretos", dijo el columnista político Fernando Rodrigues, del diario "Folha de Sao Paulo".

El peor daño es el que sufre el fisco federal, que todos los años recibe las informaciones sobre gastos, bienes e ingresos de millones de brasileños y no ha logrado armar un sistema de seguridad para evitar que estos datos sean violados.

En las últimas semanas, la prensa brasileña reveló que no sólo políticos son blanco de las violaciones de su secreto fiscal, ya que CDs con datos entregados al fisco por miles de brasileños son vendidos libremente en las calles de Sao Paulo, por alrededor de 200 reales (unos 115 dólares).