Brasil: el Congreso investiga nuevas denuncias de corrupción en torno al manejo de la pandemia

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La CPI indaga ahora el rol de un empresario que actuó durante casi un año en nombre del Ministerio de Salud.

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Brasil, que investiga presuntos actos de corrupción ligados a la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, recibió nuevos documentos de la Fiscalía Federal para indagar el rol del empresario Airton Soligo, conocido como Airton Cascavel, en acciones ligadas al Ministerio de Salud.

Soligo es cercano al exministro de Salud Eduardo Pazuello y, según una investigación preliminar, actuó sin vínculo con el Ministerio en acciones y contrataciones de la pandemia y en reuniones con autoridades.

Pazuello asumió la cartera de Salud a fines de mayo, luego de que Nelson Teich dejara el cargo debido a desacuerdos con el presidente Jair Bolsonaro sobre el manejo de la pandemia en Brasil.

Según un detallado informe del portal G1, de acuerdo con los hallazgos de la investigación, fue precisamente en este período que existen registros de las acciones del representante del sector privado en acciones exclusivas de funcionarios públicos, como las gestiones de Pazuello sobre respiradores mecánicos y acciones con alcaldes y secretarias estaduales.

El empresario actuó de manera informal en acciones pandémicas al menos entre mayo y junio, cuando salió a la luz la relación informal, dijo G1.

Más tarde, el Ministerio de Salud lo nombró asesor especial de Pazuello, cargo que ocupó formalmente desde el 24 de junio de 2020 hasta el 21 de marzo de este año, cuando fue destituido.

En marzo de 2021, Soligo anunció que 14 millones de dosis de la vacuna Covid-19 de Pfizer llegarían al país en mayo y junio. Posteriormente, el empresario se desempeñó como secretario de Salud en Roraima, un estado en el norte del país, cargo que abandonó la semana pasada.

Ahora se lo investiga bajo la sospecha de "usurpación de función pública", es decir, actuar como administrador público sin tener vínculo formal con el estado, un delito establecido en el artículo 328 del Código Penal.

La primera solicitud para investigar la sospecha de usurpación del servicio público por parte del empresario Airton Soligo provino de la diputada federal Gleisi Hoffmann, del izquieridista Partido de los Trabajadores (PT).

En noviembre, el fiscal pidió a la Policía Federal que abriera una investigación. Asimismo, en junio de este año, la Procuraduría General de la República abrió una averiguación preliminar sobre el mismo tema.

El exministro Pazuello también está siendo investigado en la Fiscalía Federal por improbidad administrativa.

Los fiscales que firmaron la demanda dijeron que el exministro había tomado una acción "inmoral y poco ética" en la pandemia. Y concluyeron que "las conductas son, en realidad, maliciosas, ya que, como se sostiene en la descripción de los hechos, las actitudes adoptadas por el titular del Ministerio de Salud no fueron sustentadas por criterios técnicos, estudios científicos y necesidades apremiantes de la población.

El gobierno de Jair Bolsonaro no compró una cantidad de vacunas al consorcio Covax Facility, en septiembre de 2020, suficiente para inmunizar a la mitad de la población de Brasil, como se ofreció, y se resistió a adherirse a la compra coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En una publicación exclusiva de la revista Crusoé, se difundieron videos de reuniones que mostraron que el ministerio de Salud ignoró las advertencias de la Cancillería de que sería una operación arriesgada, y se sumó a la iniciativa coordinada por la OMS en una cantidad mínima, con la compra de dosis para solo 10% de la población.

Pazuello dijo que no aceptó la oferta del 50% porque el trato era "confuso". El entonces ministro también mintió sobre el precio inicial de la vacuna, que según él era de 40 dólares la dosis.

Brasil fue uno de los últimos en unirse a Covax, optando por la cantidad mínima de vacunas que ofrecía. Incluso fue necesario pedir una prórroga de la fecha de firma del contrato, debido al retraso por parte del Gobierno de Bolsonaro.

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