La Abogacía General de la Unión (AGU) identificó 52 personas y siete empresas que están bajo sospecha de haber financiado la movilización del domingo que culminó con la toma de los tres poderes y el intento de golpe de Estado en Brasilia contra Lula da Silva. A la par, solicitó el congelamiento de sus bienes.
Identifican a siete empresas y 52 personas y piden congelar sus bienes por el intento de golpe en Brasil
La Abogacía General de la Unión publicó el listado de los principales responsables de trasladar a los simpatizantes bolsonaristas hasta Brasilia. Y solicitó congelar sus bienes por 6.539.100 reales.
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El organismo que también ocupa el rol de Procuración General de Brasil (PGR) informó que los individuos y personas jurídicas listadas están señalados por ser responsables de alquilar los micros con los que se trasladó a los miles de simpatizantes bolsonaristas hasta la Explanada de los Ministerios, en la capital brasilera.
La Agencia Brasil informó también que "el congelamiento de bienes" es por un total de 6.539.100 de reales y que se trata "de un valor inicial, con base en la estimación preliminar de daños materiales calculada sólo por el Senado (R$ 3,5 millones) y por la Cámara de Diputados (R$ 3,03 millones)".
Hasta el momento, el Congreso es el único de los tres poderes en contabilizar los daños. Quedan aún que hagan lo propio el Palacio del Planalto y la sede del Supremo Tribunal Federal (STF), fuertemente vandalizados por los simpatizantes bolsonaristas.
"Entre los bienes objeto de la solicitud de la AGU se encuentran inmuebles, vehículos y montos en cuentas corrientes", informó Agencia Brasil. Además, precisó que la lista fue elaborada con el apoyo de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). Incluye solamente a quienes contrataron los micros.
Desde la AGU señalaron que “la aglomeración de personas con fines no pacíficos solo fue posible gracias a la financiación y las acciones de las personas enumeradas” y agregaron: "Y al respecto, cabe señalar que tales personas tenían plena conciencia de que el movimiento podía provocar el hecho como hemos visto, por lo que la responsabilidad civil es una medida que se impone en solidaridad con quienes más daño causaron a la ciudadanía. propiedad”.
El pedido de bloqueo de cuentas por dicho monto fue elevado a la Justicia Federal mientras que el listado de las personas y empresas señaladas fue publicado en la web.
Desde Human Rights Watch manifestaron que Lula "debería responder a este ataque sin precedentes fortaleciendo los principios democráticos, defendiendo el Estado de derecho y enfrentando los problemas crónicos de derechos humanos que fueron agravados durante la presidencia de Jair Bolsonaro".
Además, la ONG pidió investigar "minuciosamente" a quienes "incitaron, financiaron o cometieron" los actos de violencia.
Los pedidos para castigar a los agitadores ocurren un día después de una convocatoria bolsonarista para una protesta nacional a favor de "retomar el poder", que provocó que el gobierno reforzara la seguridad, especialmente en Brasilia, donde el acceso a la zona principal de edificios públicos fue cerrado.
Las manifestaciones, citadas para el miércoles, no se materializaron y el centro del poder político brasileño fue abierto este jueves al tránsito, aunque era custodiado por policías y vehículos antimotines, mientras que trabajadores reparaban la fachada de la Corte Suprema.
Casi 2.000 personas fueron detenidas tras las invasiones y 1.159 aún están recluidas tras ser interrogadas, según el último parte oficial.
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