Montevideo (ANSA) - El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, modificará un proyecto de ley del Poder Ejecutivo destinado a resarcir económicamente a familiares de policías, militares y civiles «muertos por la sedición» debido al malestar surgido en sectores del gobernante Frente Amplio y de organizaciones de derechos humanos.
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El diario «Ultimas Noticias» informó ayer que el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, trasladó a parlamentarios frenteamplistas la decisión de Vázquez de aceptar la introducción de modificaciones en el texto de la ley de reparación, y que se avanza en la posibilidad de separar el proyecto en más de un texto.
Hace dos semanas, el Poder Ejecutivo hizo suyo un proyecto presentado por el diputado Daniel García Pintos, del opositor Partido Colorado, para otorgar un resarcimiento de 150 mil dólares a familiares de 64 policías y militares que perdieron la vida en enfrentamientos armados entre 1962 y 1976 con la guerrilla Tupamaros (convertida hoy en partido político dentro del Frente Amplio), lo que significa una erogación total de 10 millones de dólares.
Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, durante el gobierno de facto (1973-1985) millares de uruguayos fueron detenidos y sometidos a torturas, 200 desaparecierony un centenar murió en las cárceles. El presidente Vázquez había anunciado el 2 de marzo en un discurso en la plaza Independencia de Montevideo que el gobierno «entendía el dolor» de las víctimas de uno y otro bando.
Oscar Urtazú, integrante de un grupo de familiares que la semana pasada se entrevistó con Gonzalo Fernández, afirmó que no puede volver a plantearse la «teoría de los dos demonios», según la cual hubo bandos enfrentados, cuando en realidad durante la dictadura hubo un «terrorismo de Estado» y millares de víctimas entre la población. Aclaró que a través de una ley no pueden equipararse como iguales situaciones muy distintas.
La central obrera PIT-CNT, cercana al gobierno, advirtió que el texto de la ley que pretende indemnizar económicamente a familiares de policías y militares es «aberrante» desde el punto de vista jurídico, político y ético. Los sindicalistas advirtieron que el proyecto «niega la verdad histórica y la existencia del terrorismo de Estado».
Según «Ultimas Noticias», Fernández aseguró a los legisladores de la coalición de gobierno que Vázquez se manifestó abierto a modificar el proyecto, y los habilitó a continuar trabajando en los cambios que tendrá y que «serán sustanciales».
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