Camioneros levantan el paro en Uruguay
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Tabaré Vázquez
La medida por 30 días alcanzaba a la distribución de combustible en general, alimentos y productos perecederos, así como el transporte de insumos y residuos hospitalarios. La resolución garantizaba también la normalidad en las operaciones de puertos y aeropuertos comerciales.
Los camioneros también protestan por el establecimiento de una alícuota de 7,5% de aportes patronales al Banco de Previsión Social en el proyecto de reforma tributaria, pero el gobierno considera injustificado ese reclamo.
Más temprano, el ministro de Economía, Danilo Astori, había estimado que el conflicto está «mal planteado, mal generado y deslegitimadopor falta de razones sólidas», y destacó que el gobierno hizo concesiones a los camioneros aunque denunció que estos anteponían el interés corporativo al general.
A nivel político, el senador Jorge Larrañaga, presidente del Partido Nacional (Blanco) responsabilizó al gobierno del clima «de confrontación» en el país, y señaló que «debe dialogar, buscar caminos de entendimiento».
Resaltó que la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio, «confrontó durante 30 años cuando fue oposición y lamentablemente también confronta hoy al ejercer el gobierno». Por su parte, el ex presidente Julio Sanguinetti, del Partido Colorado, rechazó de lleno acusaciones en el sentido que su agrupación estaba detrás de la movilización de los transportistas, y señaló que el conflicto es responsabilidad del gobierno por sus propias decisiones. La senadora oficialista Lucía Topolanski, en cambio, reclamó responsabilidad a la oposición, y calificó de «salvaje» el paro de los camioneros porque «en un proyecto de país productivo el transporte es como la nervadura».
El conflicto había alcanzado su clímax el martes, cuando miles de personas convocadas por el sindicato PIT-CNT, cercano al Frente Amplio, se concentraron frente al Palacio Legislativo de Montevideo en contra del lock out.
Según la central obrera, que impuso además una huelga de cinco horas en apoyo al gobierno, la protesta empresarial era parte de una «presión de la derecha» por los juicios abiertos a un grupo de militares por su posible rol en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.



