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El gobierno venezolano considera que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) son "un brazo del imperio para agredir a Venezuela".
Al concretarse la denuncia de la Convención, las violaciones a los derechos cometidas en este país no podrán ser objeto de escrutinio de la CIDH ni de la Corte IDH, aunque Venezuela deberá responder a los casos que hayan sido presentados previo a que tenga efecto la denuncia de la Convención.
El canciller venezolano Elías Jaua defendió el sábado la decisión de su país de retirarse del sistema interamericano de derechos humanos, pese a que el viernes Amnistía Internacional (AI) exigiera al gobierno "revertir inmediatamente" la medida.
"Mientras no haya una transformación integral (...) del sistema intereamericano de derechos humanos, Venezuela no volverá a permanecer en él", dijo Jaua.
La oposición ha denunciado irregularidades, como votos de ciudadanos ya fallecidos, manipulación en el cómputo de sufragios y presiones a electores para votar por Maduro en la elección extraordinaria realizada tras la muerte del presidente Hugo Chávez, el pasado 5 de marzo.
La CIDH analiza los casos y emite recomendaciones no vinculantes y puede elevar los procesos ante la Corte IDH, cuyos fallos deben ser acatados por los Estados signatarios de la Convención.



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