Caracas (ANSA) - El presidente venezolano Hugo Chávez cedió y ofreció a la oposición un cronograma electoral en el marco de diálogo facilitado por la OEA, pero ahora sus adversarios exigen su renuncia inmediata aprovechando el colapso en la industria petrolera, y por ende en la economía y la vida cotidiana de Venezuela, provocado por la huelga convocada por sindicatos opositores y empresarios que hoy entra en su décimo día.
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Mientras Chávez intenta desesperadamente recobrar el control de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), el gobierno estadounidense autorizó al personal diplomático de su embajada a retirarse del país, manteniendo sólo una delegación esencial. Juan Fernández, líder de los gerentes rebeldes de PDVSA, insistió en que «la empresa está paralizada en 90 por ciento» en su producción, refinación y exportaciones.
En tanto, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Manuel Cova, uno de los líderes de la protesta que responde al ex presidente Carlos Andrés Pérez, reclamó que en el oficialismo «deberían aceptar en primer lugar que no están en capacidad para manejar la crisis, que se requiere un nuevo gobierno y deberían convencer al presidente para que salga, para que renuncie a la presidencia».
En el gobierno, que según las encuestas mantiene el respaldo de al menos un tercio de la población, especialmente entre los sectores pobres, aseguraron que se normalizaría el suministro interno de combustibles con ayuda de militares, obreros petroleros, personal contratado y voluntarios adeptos a Chávez.
El ministro de Energía, Rafael Ramírez, indicó que en breve podría quedar restablecida la operatividad de la refinería El Palito.
El canal 8 estatal, única voz televisiva pro gubernamental, divulgó ayer una campaña contra el paro asegurando pérdidas petroleras diarias por 35 millones de dólares que limitará la inversión social en este país de más de 70 por ciento de pobres. Desde el gobierno también se anunció que se garantizaría el «total abastecimiento» alimentario y anunció que hoy organizaría un «megamercado» en Caracas en el que se ofrecerán 97 toneladas de alimentos baratos.
El presidente de PDVSA, Alí Rodríguez, denunció más que un paro petrolero, un «muy bien calculado plan de sabotaje» en la empresa para derrocar a Chávez y evitar así que a comienzos de año se emprenda una profunda reforma burocrática en la empresa. Las calles volvieron a reflejar la polaridad de la población. Los oficialistas rodearon las sedes de PDVSA, así como los canales de televisión que denunciaron hostigamiento.
El jefe de la OEA, César Gaviria, reclamó por la libertad de expresión, y en una segunda intervención, ante las quejas del gobierno, también pidió a los opositores que cesen los ataques contra el edificio y los trabajadores del canal estatal.
Por su parte, siguen circulando innumerables rumores de alzamientos militares y golpes de estado que revivieron los fantasmas del pasado abril, cuando Chávez fue desalojado del poder por menos de 48 horas, y los manifestantes de uno y otro sector se movilizan frenéticamente de una base a otra.
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