Chile: rebajas de impuestos y desregulación, las claves del plan económico de Kast

Rebajas de impuestos, cambios a la gratuidad y menos “permisología”, los ejes con que parte el plan económico del presidente chileno, José Kast. Los analistas y calificadoras advierten los riesgos fiscales. Nadie anticipa un boom económico en el corto plazo.

El plan de José Antonio Kast al mando de Chile.

DW

La semana pasado asumió el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, quien siguiendo la costumbre mundial, habló de la herencia recibida afirmando haber recibido el país “en peores condiciones de lo que podía imaginar. Prometió un “gobierno de emergencia” centrado en seguridad y economía. Por lo pronto, el empresariado trasandino llamó a la cautela y a moderar las expectativas de crecimiento para el primer año de Kast ante el deterioro del escenario internacional y la estrechez fiscal, por lo que preveían un crecimiento en torno al 2,5% este año. No hay duda que Kast enfrenta varios desafíos tras la insípida gestión de Gabriel Boric, quien, al parecer, para los chilenos, partió sin pena ni gloria. Pero, quizás, la más importante, para los mercados financieros, es volver a hacer atractivo al país para la inversión extranjera.

Según lo conocido hasta ahora, el proyecto de Reconstrucción Nacional presentado por el nuevo gobierno incluye rebajas tributarias, cambios a la gratuidad universitaria y reformas para agilizar permisos de inversión. Tras el anuncio del plan emergieron las advertencias de los analistas sobre la estrechez fiscal heredada, tensionando el dilema entre reactivar la economía y ordenar las cuentas públicas. Ocurre que el anuncio se produce en un contexto particularmente sensible para las finanzas públicas ya que el flamante ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió que el Estado cerró 2025 con una caja fiscal extraordinariamente baja, lo que obligaría a implementar un proceso de ordenamiento de las cuentas públicas. De ahí que se instale una tensión evidente dado que el plan incluye rebajas tributarias, exenciones y subsidios, mientras el propio gobierno ha advertido sobre la estrechez fiscal heredada.

Uno de los pilares del proyecto apunta a reactivar la economía mediante incentivos tributarios. Entre las medidas destacan: la reducción de la tasa corporativa desde 27% a 23%, la reintegración del sistema tributario, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, y la eliminación transitoria del IVA a la vivienda por 12 meses.

El proyecto también contempla otras medidas de apoyo a la inversión y financiamiento de la reconstrucción, entre ellas un régimen de repatriación de capitales, que busca incentivar el retorno de recursos desde el exterior para apoyar el financiamiento del proceso de reconstrucción y dinamizar la actividad económica. ¿Cuál es el objetivo?: impulsar la inversión privada y dinamizar sectores intensivos en empleo, como la construcción. Por otro lado, la rebaja del IVA a la vivienda busca además reactivar el mercado inmobiliario, que ha enfrentado un período prolongado de caída en la inversión y un alto stock de viviendas sin vender.

La nueva administración explica que el paquete tributario busca recuperar el crecimiento económico bajo la lógica de que una mayor actividad terminará ampliando la recaudación fiscal. Sin embargo, el efecto inmediato de varias de estas medidas es una reducción de ingresos tributarios en el corto plazo, lo que abre el debate sobre su impacto en el equilibrio fiscal. Además, varias de estas medidas coinciden con el programa de campaña presidencial con que Kast llegó a La Moneda: la rebaja del impuesto corporativo, la eliminación de gravámenes a las ganancias de capital y el fin de las contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores. Por ello, sostienen que el proyecto de reconstrucción funciona también como el primer vehículo legislativo para comenzar a instalar su agenda económica.

Hay también una serie de cambios y medidas que influyen sobre las familias y los individuos, entre las cuales se destacan además de la eliminación de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores, el subsidio para proteger el empleo formal, destinado a apoyar la contratación y evitar un deterioro del mercado laboral. Al mismo tiempo, el proyecto contempla ajustes a la política de gratuidad universitaria, como parte de las medidas para contener el gasto público. Entre los cambios propuestos se incluyen limitar la gratuidad a estudiantes menores de 30 años; frenar la expansión del beneficio a nuevos deciles de ingresos; establecer una moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema, con el objetivo de evitar una mayor presión fiscal asociada a la extensión de la gratuidad.

Estas modificaciones forman parte del eje de “reconstrucción fiscal” del plan, que busca generar espacio presupuestario para financiar otras prioridades.

Otro eje central del proyecto apunta a destrabar proyectos de inversión, uno de los diagnósticos recurrentes del sector empresarial sobre la economía chilena. Las medidas incluyen reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); reducción de plazos y trámites en permisos sectoriales; agilización de concesiones marítimas; mecanismos de compensación cuando el Estado anula resoluciones administrativas.

El gobierno sostiene que estas reformas buscan reducir la incertidumbre regulatoria y acelerar la materialización de proyectos en sectores como minería, energía e infraestructura.

El plan también incluye medidas de gasto directo para enfrentar los efectos de los incendios, entre ellas se destacan una inyección adicional de 400.000 millones de pesos (unos u$s440 millones) para la reconstrucción de viviendas. El nuevo gobierno ha planteado que la prioridad será acelerar la entrega de soluciones habitacionales en las zonas más afectadas por los incendios forestales. Además, se contempla ampliar el Fondo de Emergencia Transitorio y facilitar mecanismos de financiamiento complementario.

Por lo visto, hasta ahora, el paquete de medidas revela la estrategia económica inicial del gobierno tendiente a combinar estímulos a la inversión con ajustes en el gasto para recomponer las cuentas fiscales. El desafío será equilibrar ambos objetivos en un contexto de estrechez fiscal y de crecimiento todavía débil. ¿Cómo lo ven en el exterior?

Según la evaluación de la calificadora Fitch Ratings, los planes del presidente Kast para controlar rápidamente las finanzas públicas se verán complicados por un déficit presupuestario mayor al previsto y el alza de los precios del petróleo. Restablecer la credibilidad fiscal es clave para preservar la solidez del marco macroeconómico y fiscal del país y respaldaría la calificación “A- “y la Perspectiva Estable de Chile, señala los analistas de la calificadora.

“Kast liderará un gobierno de emergencia enfocado en el control de la migración, la reducción del gasto público, la agilización de los permisos ambientales y la reestructuración de las respuestas gubernamentales a la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales; mientras que las prioridades políticas del gobierno podrían moderarse mediante negociaciones con el Congreso, donde la coalición de derecha obtuvo 76 de los 155 escaños en la Cámara de Diputados, sin alcanzar la mayoría”.

Por otro lado, destacan que Kast se ha comprometido a implementar un ambicioso plan de consolidación que incluye recortes de gasto por aproximadamente 6.000 millones de dólares en 18 meses, lo que representa alrededor del 1,6% del PIB de 2026. “Un ajuste de esa magnitud podría acercar el déficit al 1% del PIB y, potencialmente, estabilizar o incluso reducir la relación deuda/PIB”. En opinión de Fitch, será difícil implementar recortes importantes, considerando las crecientes presiones de gasto, especialmente en educación, salud y pensiones, y las promesas de Kast de aumentar la financiación para la policía, las prisiones y los servicios de inmigración.

Así el ministro Quiroz instruyó a los ministros a recortar el gasto en un 3%, centrándose en la lucha contra el abuso y el fraude, una mayor eficiencia en el gasto y la austeridad fiscal, lo que, según la nueva administración, podría traducirse en recortes de 3.000 millones de dólares este año. Además, las reducciones de gasto de Kast priorizarían la eficiencia en el gasto administrativo, incluyendo la revisión de contratos de servicios y la suspensión de nuevos contratos, en lugar de recortes a las prestaciones sociales y los servicios públicos. Esto también podría frenar el ritmo de la consolidación fiscal, advierte Fitch.

Claro que las perspectivas de consolidación fiscal también dependerán de los planes propuestos por Kast para reducir el impuesto sobre la renta de las empresas del 27% al 23%, lo que podría generar pérdidas de ingresos a corto plazo. “La propuesta de reducción del impuesto sobre la renta de las empresas se ha presentado como parte de un paquete más amplio de medidas económicas y fiscales. Si los beneficios esperados del crecimiento derivados de los cambios fiscales y regulatorios se retrasan o solo se materializan parcialmente, la disminución de los ingresos podría contrarrestar los efectos de los recortes de gasto sobre el déficit”.

Según el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025 de Chile mostró un déficit estructural del 3,6% del PIB, incumpliendo la meta de equilibrio estructural del país por segundo año consecutivo. Así el déficit fiscal se amplió al 2,8% del PIB, ligeramente por encima de la previsión de Fitch del 2,5%. Actualmente, “pronosticamos déficits superiores al 2% del PIB en 2026-2027, aunque este pronóstico podría revisarse al alza si los recortes de gasto no se implementan en la medida prevista”.

En cuanto a la deuda pública, se mantuvo estable en el 41,7% del PIB por primera vez en dos décadas, por debajo de la estimación de Fitch del 42,4%, si bien los activos consolidados totales disminuyeron al 4,1% del PIB a finales de 2025, desde el 4,6% en 2024. “La estabilidad de la relación deuda/PIB se vio favorecida, en parte, por el fortalecimiento del peso y un elevado deflactor del PIB impulsado por los precios del cobre, aunque estas no son soluciones a largo plazo para una reducción sostenible de la deuda. Además, Chile importa casi todos sus combustibles, y el aumento de los precios del petróleo debido al conflicto con Irán amenaza con avivar la inflación y presionar al peso. Esto ha disminuido las perspectivas de nuevas reducciones de las tasas de interés”.

Un dato no menor, el nivel de informalidad cedió levemente a 55,3%, la tasa bajó cinco puntos desde 2021, con seis de cada diez informales siendo trabajadores por cuenta propia y 84% de población ocupada en microempresas siendo informal, mientras economía crea principalmente empleo informal.