La Iglesia Católica acaba de denunciarlo para la Argentina, coincidente con la barbarie que se está haciendo judicialmente con el padre Julio Grassi, aún detenido en Morón. El secuestro del más importante obispo sudamericano y cabeza de la Iglesia en la región, el obispo Jorge Jiménez. Quienes van indagando -la Justicia no lo hace- el complot contra Grassi tienen probado que sucesivamente desde hace dos años fue acusado falsamente de los siguientes cargos: 1) manejo de las finanzas de la Fundación Felices Los Niños (investigado y ni siquiera encontrado algo para abrir un proceso por la ex jueza Irma Lima; 2) de ser padre oculto de un niño, que también fue descartado; 3) de ser autor de animales aparecidos muertos en el minizoológico de Hurlinghan, lindante al terreno de la Fundación y 4) la nueva ofensiva de «Clarín» de abuso sexual de menores internados. ¿Mucho, no, como para ser creíble?
Bogotá (ANSA) - El gobierno colombiano anunció ayer que está dispuesto a suspender el despliegue militar de búsqueda del obispo Jorge Enrique Jiménez si ello es un requisito para su liberación. El secuestro del presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) movilizó a toda la Iglesia Católica y motivó un pedido urgente del papa Juan Pablo II para que lo liberen sin hacerle daño.
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Jiménez, considerado una de las figuras más autorizadas de la Iglesia sudamericana, es obispo de la ciudad colombiana de Zipaquirá y fue secuestrado el lunes por la noche junto con el sacerdote Desiderio Orjuela, cuando viajaba al pequeño pueblo de Pacho. Ayer asumió la presidencia interina del CELAM el arzobispo de Santiago de Chile, Francisco Errázuriz.
Se presume que los secuestradores son miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en lo que sería otro capítulo de un conflicto que en los últimos 13 años ya lleva contabilizados 43 sacerdotes, una religiosa y dos obispos asesinados, a manos de las diferentes partes en puja. De acuerdo con el comandante del ejército, Carlos Ospina, la acción pudo ser perpetrada por el frente Policarpa Salavarrieta de las FARC, para presionar por el canje de rehenes guerrilleros. Otra hipótesis apuntaba a una reacción por los acercamientos del gobierno de Alvaro Uribe con sectores paramilitares. El secuestro se conoció cuando el chofer llegó cuatro horas más tarde a Pacho y contó lo sucedido.
El Papa, en un telegrama enviado a la Conferencia Episcopal de Colombia, invocó «al Señor para que haga reflexionar a los responsables en modo tal que liberen a los secuestrados y abandonen cualquier forma de violencia», y expresó su profundo dolor por este enésimo episodio de violencia. A ese pedido se sumaron las diversas conferencias episcopales de América latina, entre ellas la argentina y la brasileña.
En Bogotá, en tanto, el presidente Uribe admitió la posibilidad de suspender las operaciones de los comandos de elite del ejército y la policía que buscan a Jiménez en el departamento de Cundinamarca. La ministra de Defensa, Martha Ramírez, al anunciarlo, indicó que eso sería «para no poner en peligro la vida del obispo».
Ramírez también informó que se reunió con la familia del prelado, que respaldó las decisiones del gobierno para rescatarlo con vida.
Mientras tanto, la Iglesia colombiana, bajo el mando del presidente de la Conferencia Episcopal, Pedro Rubiano, calificó los raptos como una «ofensa a la Iglesia, en especial al Episcopado colombiano y a los obispos de América latina».
