En momentos en que la industria del secuestro sigue en auge en la Argentina, Colombia, uno de los países del mundo más afectados por ese fenónemo, se presenta como un buen espejo sobre las medidas que se pueden adoptar para contenerlo. En Bogotá, se inauguró la primera escuela antisecuestros de América latina y la tercera en el mundo. El plan, que apunta a capacitar a las fuerzas de seguridad para resolver los secuestros extorsivos, se financió, en parte, con 25 millones de dólares aportados por los Estados Unidos.
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En Colombia, este problema es especialmenteagudo, dado allí que la delincuencia se conjuga con el terrorismo (responsable de 55 por ciento de los casos) y es sabido que los rebeldes suelen «comprar» rehenes a criminales comunes para, con el producto de los rescates, financiar sus operaciones.
Sin embargo, las acciones emprendidas por el gobierno de Alvaro Uribe -entre ellas la mencionada escuela, que funciona desde agosto de 2003, aunque fue formalmente inaugurada en junio último-están dando resultado. Tanto es así que la cantidad de secuestros cayó de 2.982 en 2002 a 2.200 el año pasado. Como comparación, cabe recordar que en nuestro país se denunciaron 390 casos en 2003, aunque se sabe que la cifra real es mayor debido a que muchas familias prefieren manejar el caso sin dar intervención a las autoridades.
Mientras, ominoso anticipo de una realidad que puede no resultarnos ajena en el futuro si no se toman aquí medidas urgentes, Colombia intenta convivir con su drama. Un ejemplo de esto es la reciente aprobación de una ley en la Legislatura de Bogotá, según la cual se exceptúa del pago de impuestos por un máximo de diez años a los ciudadanos retenidos en cautiverio. Una dolorosa adaptación a la realidad.
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