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Esta revelación incrementa la presión sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de cara al ultimátum para que antes del domingo cesen las acciones violentas para dar impulso al plan de paz, dado por el presidente Pastrana luego de que el lunes se salvara in extremis el proceso de negociaciones, evitando una escalada del conflicto de imprevisibles consecuencias.
Las FARC y el gobierno colombiano reanudaron ayer sus negociaciones en pos de un cese del fuego con la participación en la mesa de observadores internacionales por primera vez en tres años. Participaron del encuentro los representantes de las FARC Raúl Reyes y Joaquín Gómez; el enviado de las Naciones Unidas, James Lemoyne; el alto comisionado para la paz del gobierno colombiano, Camilo Gómez; y representantes de Canadá y Suecia, entre otros. «Las tensiones son enormes. El equilibrio es de una gran fragilidad, puesto que la confianza no existe ahora entre las partes», reconoció el embajador francés Daniel Parfait, uno de los promotores del acuerdo logrado el lunes.
Las acciones de las FARC no cesaron en estos días. Según el gobierno, secuestraron a siete turistas colombianos en una playa del oeste del país, atacaron instalaciones policiales y militares, y provocaron la fuga de 39 rebeldes de la cárcel de Picaleña en la ciudad de Ibagué. Además, la policía informó que se incautó de ocho toneladas de un potente explosivo en una ruta a 70 km al este de Bogotá.
La situación en Colombia fue calificada de «tragedia» por la organización humanitaria Human Right Watch. La entidad denunció que los mayores asesinatos y masacres son cometidos por los paramilitares de derecha, mientras que la guerrilla de izquierda llevó adelante una «epidemia de secuestros», y ambos captaron a niños para sus filas.



