11 de mayo 2005 - 00:00

Congreso boliviano acusa a Mesa de actuar contra referéndum

El Congreso boliviano acusó hoy al presidente Carlos Mesa de actuar en "franca contradicción" con el referendo popular de 2004 que exigió que el petróleo y el gas vuelvan a ser del Estado.

Una declaración difundida esta noche por el Parlamento dijo que la "observación conceptual" de toda la ley de Hidrocarburos, aprobada la semana pasada por el Legislativo, "no es una respuesta constitucional" de Mesa.

Agregó que ese virtual rechazo de la ley que llevó 10 meses de debate parlamentario supone dejar en vigencia la ley del ex presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, obligado a renunciar por una rebelión popular en octubre de 2003.

El referendo del 18 de julio de 2004 planteó la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos por parte de Bolivia, aumentar al 50 por ciento los impuestos de las petroleras y anular la ley del ex presidente Sánchez de Lozada.

Una fuente muy cercana al presidente del Congreso, el senador Hormando Vaca Díez, dijo que "es muy difícil" que los legisladores concurran al encuentro nacional convocado por Mesa para el lunes próximo Por su parte, el senador Filemón Escobar, disidente del Movimiento al Socialismo (MAS) y hoy enrolado en la bancada oficialista calificó de "absurda" la declaración, pero también criticó al Presidente.

"Se equivoca el presidente cuando dice que la nueva ley de Hidrocarburos aprobada por el Congreso divide al país", señaló Escobar, quien calificó a esta norma de "progresista".

La ley impone a las petroleras trasnacionales un 18 por ciento de regalías y 32 por ciento de impuestos y mantiene la refundación de YPFB, pero no le otorga la atribución de manejar la comercialización interna de combustibles.

La convocatoria de Mesa a un encuentro nacional para el lunes próximo tuvo una fría acogida en todo el espectro político boliviano, que la consideró "tardía" en medio de la seria crisis que vive el país.

El senador Hugo Carvajal, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), dijo a Télam que la convocatoria era "tardía y muy próxima a la fecha en que fenece el tiempo del Ejecutivo (el mismo lunes) para tomar una decisión sobre la ley" sancionada la semana pasada por el Congreso.

En declaraciones telefónicas desde La Paz, Carvajal dijo que Mesa sigue indeciso, ya que "no respondió (a la sanción de la ley) según la ConstituciÓn", que sólo contempla su promulgación, observaciones puntuales o el veto.

El MIR es uno de los partidos que integró la coalición que sostuvo en el gobierno al ex presidente neoliberal Sánchez de Lozada hasta que una rebelión popular de octubre del 2003, "la guerra del gas", lo obligó a renunciar.

Una fuente legislativa adelantó que Nueva Fuerza Republicana (NFR, populista de derecha), también parte de la ex coalición de Sánchez de Lozada, "no concurrirá a la convocatoria presidencial del lunes próximo".

Agregó que Mesa en su improvisada alocución televisiva de anoche cometió una "gaffe ilustrativa", ya que en lugar de decir "imposibilidad" de encontrar soluciones dijo "incapacidad".

La principal fuerza de oposición, el Movimiento al Socialismo (MAS, izquierda), sostuvo que "el Presidente se sigue equivocando" y la reunión del lunes, o "profundiza el enfrentamiento" o no será "para revisar la ley sino para que se adelanten las elecciones", dijo el diputado Santos Ramírez.

Por otra parte, el líder del MAS; Evo Morales, ratificó la marcha que los movimientos sociales y su partido iniciarán el lunes próximo en Caracollo, a 200 kilómetros de la capital política de Bolivia, y que demorará unos cinco días en arribar a La Paz.

El ex presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Arrien, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, el partido de Sánchez de Lozada) también dijo que la propuesta de Mesa "llega demasiado tarde".

Arrien, citado por el diario paceño La Razón, opinó que "es una pésima señal" que Mesa haya observado toda la ley y no algunos artículos, porque "eso regresa el camino avanzado a cero".

Oscar Eid, diputado del MIR, también criticó los fundamentos de la convocatoria presidencial al decir que "la dramatización de la unidad nacional no es el mejor camino para un diálogo", ya que "la unidad nacional está garantizada"; Mesa sostuvo anoche que estaba en juego la unidad nacional, por lo que propuso un diálogo político-social del que excluyó a la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, la Policía, los organismos de derechos humanos y al defensor del Pueblo, Waldo Albarracín.

Tanto los movimientos cívicos de Santa Cruz y de Tarija, las dos principales zonas petroleras del país, como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia coincidieron en afirmar que la convocatoria al diálogo es positiva.

Roberto Mustafá, presidente de la Confederación empresaria, dijo estar "abierto al diálogo" pero fijó posición contra la ley de Hidrocarburos del Congreso que, según afirmó, "inviabiliza" a Bolivia porque ahuyentará las inversiones externas.

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