Correa quiere renegociar la deuda de común acuerdo
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Los inversores temen que la Asamblea apruebe reformas que atenten contra la estabilidad fiscal del país, como la aplicación de subsidios generalizados o medidas que vayan contra los capitales privados, y comprometan así a futuro la capacidad de pago del país.
Correa dijo que no tiene nada en contra de la inversión foránea o la prudencia fiscal, pero aseguró que la Asamblea va a marcar una nueva ruta para el país, a fin de conjugar la operación del mercado con las necesidades de una población de 13 millones de habitantes, de los cuales la mitad es pobre.
Durante la conferencia de prensa, Corra aseguró que tomará el ejemplo de la Asamblea colombiana de 1991 y disolverá el Congreso, dominado por la oposición, dejando su función en manos de una «comisión que legisle y fiscalice mientras trabaja la Constituyente». «Con el Congreso es muy difícil actuar y creo que el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano ha sido contundente: el Congreso tiene que irse a la casa», afirmó y señaló que cuando la nueva carta sea aprobada mediante referendo, tendrán que celebrarse elecciones, «al menos para presidente y vicepresidente y legislativas».
Correa mostró su reticencia a copiar modelos externos y ratificó que su proyecto constitucional no será de inspiración venezolana, como sostiene insistentemente la oposición dada la amistad del mandatario con su colega Hugo Chávez. «¿Que si nos parecemos al caso venezolano, al caso boliviano? Acá nos vamos a parecer al caso ecuatoriano. Va a ser una Asamblea muy inclusiva, muy participativa», enfatizó.
Correa también negó que las reformas constitucionales puedan ser bloqueadas por la oposición como ocurrió en Bolivia, donde al cabo de un año de discusiones no ha sido aprobado ningún artículo.
En ese sentido, explicó que para el aval de un artículo la Asamblea ecuatoriana requerirá de 66 votos, la mitad más uno del total de miembros. La Constituyente ecuatoriana se instalará el 31 de octubre por un período de 180 días con una prórroga de 60 más. Para entrar en vigencia, la Constitución deberá ser aprobada en un referendo previsto para 2008.




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