Corrupción en Brasil: piden destitución de 19 diputados

Luiz Inácio Lula da Silva ayer, al condecorar al presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Severino Cavalcanti. La oposición sospecha que ambos buscan cerrar con penas simbólicas a los involucrados en el escándalo de corrupción que sacude al país.

Brasilia (EFE, AFP, ANSA, LF) - Dos comisiones legislativas dedicadas a investigar la corrupción en Brasil recomendaron ayer la destitución por corrupción de 19 diputados, pertenecientes en su mayoría a la base parlamentaria del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, lo que, de concretarse, supondría un severo remezón institucional.

El proceso que se abre no conoce antecedentes en la historia legislativa de Brasil. Si bien otros parlamentarios han perdido sus mandatos por asuntos de corrupción, jamás se había visto un proceso en masa como el que puede comenzar ahora que, además, según analistas, producirá aun más grietas en la ya debilitada base parlamentaria de Lula.

Los implicados en el informe conjunto presentado por las dos comisiones son legisladores de seis partidos políticos y sólo uno es ajeno a la coalición de gobierno. Siete pertenecen al Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula en 1980, y cuatro al Partido Liberal (PL), del vicepresidente José Alencar.

También hay cuatro del Partido Progresista (PP), del presidente de la Cámara baja, Severino Cavalcanti, dos del Partido Laborista Brasileño (PTB), uno del Partido del Movimiento Democrático (PMDB) y otro del Partido del Frente Liberal (PFL), el único opositor de la lista.

Uno de ellos, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, ya ha renunciado a su mandato, pero ello no impide que sea destituido, lo que puede acarrearle graves sanciones políticas.

Del oficialista PT están incluidos Joao Paulo Cunha, que presidió hasta febrero la Cámara de Diputados, y el influyente José Dirceu, presidente del partido hasta fines de 2002 y jefe de gabinete hasta hace dos meses, cuando renunció alcanzado por los escándalos.

Uno de los dos del PTB es Roberto Jefferson, el primero en denunciar la existencia de los supuestos sobornos con que el PT habría comprado la fidelidad de diputados de diversos partidos para construir la mayoría parlamentaria que el gobierno de Lula no logró en las elecciones de 2002.

En el caso de Jefferson, el proceso está avanzado y el Consejo de Etica de la Cámara de Diputados aprobó ayer un informe que recomienda su destitución, lo que deberá ser analizado en los próximos días por el plenario.

• Legitimidad perdida

El informe de estos casos, redactado y leído ayer por el diputado Osmar Serraglio, tiene 61 páginas y dice que la legitimidad de un mandato de elección popular «se pierde» si la campaña fue financiada con recursos de origen dudoso o irregular, como casi todos los implicados han confesado.

Según se ha comprobado, todos recibieron dinero de Marcos Valério, un publicista que actuó como interlocutor del PT para asuntos de finanzas y que está en el centro de todas las corruptelas que se investigan.

Ese dinero era entregado sin recibo alguno, la mayoría de las veces en efectivo, y enviado a sistemas de contabilidad paralelos y ocultos a las autoridades electorales y fiscales, por lo que, además de la falta política, hay delitos tributarios, indicó Serraglio. Dijo además que se ha comprobado la utilización de empresas del Estado para obtener recursos luego usados en la financiación de los partidos y que los parlamentarios acusados recibieron dinero periódicamente, al menos hasta principios de este año.

Serraglio dijo confiar en que, una vez aprobados formalmente los informes, el presidente de la Cámara baja, Severino Cavalcanti, que esta semana abogó por aplicar «penas blandas» a los culpables de financiación ilegal de campañas, entienda que el castigo no puede ser otro que la destitución.

Por otra parte, la Policía Federal comenzó a investigar la «ruta del dinero» del esquema de corrupción, tanto dentro como fuera de Brasil.

Las investigaciones comienzan por las islas Bahamas, un «paraíso fiscal» en el que el publicista Duda Mendonça, quien dirigió la campaña que llevó al poder a Lula da Silva, declaró haber recibido parte del pago por su trabajo. De confirmarse que dinero ilegal costeó la campaña del hoy presidente, la situación jurídica de éste podría complicarse de cara a un eventual juicio político.

Mendonça aseguró que a principios de 2003, el primer año de Lula en el gobierno, el PT aún le adeudaba 10 millones de reales (4,5 millones de dólares al cambio actual) y que Valério le dijo que sólo podría cobrar si abría una cuenta en el extranjero. Dijo además que el dinero le fue depositado, pero que fue girado desde bancos alemanes, israelíes y portugueses, por lo que nunca pasó por Brasil, lo que supone un grave delito financiero y fiscal.

El diario «Folha de Sao Paulo» dijo ayer que la policía federal está convencida de que en esa red de manejo irregular de dinero estaban implicados el ex presidente del PT José Genoino, el ex tesorero del partido Delúbio Soares, así como los propios Mendonça y Valério.