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La aprobación es consecuencia de la vigencia de Ley de Necesidad de Reforma promulgada en 2003 y de la demanda popular expresada en los sucesos de octubre del año pasado que provocaron la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada a la presidencia.
El proyecto de ley de reformas, que ahora será enviado a la Cámara de Senadores para su revisión, fue aprobado por los diputados bolivianos tras varias sesiones de intenso debate, que dejó pendiente otros 29 artículos propuestos anteriormente.
El artículo 4, que hasta ahora sólo autoriza la deliberación popular por medio de los tres poderes del Estado, amplía esa potestad a la asamblea constituyente, a la iniciativa legislativa ciudadana y al referéndum.
Esta decisión se complementa con el nuevo texto del artículo 222, que establecerá que "la representación popular se ejerce a través de los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas".
Con esos mecanismos, la Cámara de Diputados abrió la puerta a la convocatoria a una asamblea encargada de redactar una nueva Constitución, como lo exigen varias organizaciones populares bolivianas desde hace tres años.
Así mismo, la decisión sobre el destino del gas natural, el motivo central de las protestas que provocaron la caída de Sánchez de Lozada en octubre pasado, podrá tomarse en un referéndum al que se ha comprometido el presidente del país, Carlos Mesa.
Otro de los artículos modificados más significativos es el 61, que señala los requisitos para ser legislador, en el que ahora se aceptará "ser postulado por un partido político o directamente por agrupaciones ciudadanos y/o pueblos indígenas".
La ampliación del derecho ciudadano incluye los cargos de presidente, vicepresidente, constituyentes y munícipes, en igualdad de condiciones.
De la misma manera, las reformas conceden a los ciudadanos la posibilidad de presentar proyectos de ley, hasta ahora atribución exclusiva de los legisladores, del vicepresidente, del Ejecutivo y de la Corte Suprema de Justicia.
En caso que el Senado ratifique el proyecto de ley de reformas constitucionales, el referéndum sobre el gas natural se efectuará dos meses después de la promulgación de la norma, y es casi seguro que la Asamblea Constituyente será convocada en el 2005.
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