Nuevos penales e indultos, el plan del Gobierno de Ecuador para controlar las cárceles

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El gobierno anunció una suerte de hoja de ruta con medidas a corto plazo para encauzar la situación más compleja que le tocó enfrentar a la breve gestión de Guillermo Lasso, que lleva poco más de cuatro meses en el Palacio de Carondelet.

La crítica situación del sistema penitenciario de Ecuador, que dejó este año 237 muertos en motines y enfrentamientos entre bandas, empujó hoy al Gobierno a disponer el despliegue de 3.600 militares y policías para "garantizar la seguridad" en los penales, mientras avanza la identificación de los cuerpos de la masacre de 118 presos el martes en Guayaquil.

El Gobierno anunció hoy una suerte de hoja de ruta con medidas a corto plazo para encauzar la situación más compleja que le tocó enfrentar a la breve gestión de Guillermo Lasso, que lleva poco más de cuatro meses en el Palacio de Carondelet.

Sumar controles para evitar las armas en los penales, promover nuevas construcciones para evitar el hacinamiento, indultar a personas de la tercera edad, mujeres, personas con discapacidad y enfermos terminales, y repatriar a los extranjeros presos forman parte de los anuncios que hizo el Gobierno.

Aunque la prioridad está puesta en Guayaquil, se adelantó que se construirá otro complejo carcelario en Cotopaxi, al sur de Quito, la capital del país.

Los detalles estuvieron a cargo de la titular de Gobierno, Alexandra Vela, y del jefe del Sistema Nacional de Rehabilitación Social (SNAI), Bolívar Garzón, responsables directos del sistema penitenciario, aunque, curiosamente, ninguno está con Lasso desde el inicio de la gestión: la ministra llegó al cargo a mediados de julio y el funcionario asumió en el SNAI justamente el martes, día de la masacre.

Puntualmente, para el penal de Guayaquil –donde ya hubo otra batalla entre bandas este año- los anuncios se concentraron en recuperar el control total de la Penitenciaría, incluir entre “las tácticas de seguridad” el scanner de carga para evitar el contrabando de armas, rehabilitar el complejo y “dividir y redistribuir a las personas privadas de libertad en distintos pabellones para evitar hechos violentos”.

El martes, un enfrentamiento entre tres bandas terminó con 118 muertos y más de 80 heridos. Apenas 41 cuerpos habían sido identificados esta tarde y, de ellos, solo una veintena fueron entregados a los familiares de las víctimas.

Ayer, los responsables técnicos de las autopsias y las identificaciones adelantaron que la tarea podía llevar varias semanas porque, además, hay cadáveres, quemados, mutilados y decapitados.

Según Vela, el Municipio de Guayaquil entregará nichos en cementerios para quienes lo necesiten y apenas esté terminado se hará público un listado de los presos que sobrevivieron a los ataques.

El Gobierno destinó 12 millones de dólares para rehabilitar el complejo penitenciario en Guayaquil, donde existen 8.167 prisioneros y un nivel de hacinamiento del 62%, reportó el sitio Primicias.

Aunque a tres días del motín la Policía afirmaba haber asumido el control de la penitenciaría de Guayaquil, Vela se encargó de revelar que el Gobierno mantiene movilizados de manera permanente en todas las cárceles del país a 3.600 efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para evitar nuevos motines.

El SNAI, en tanto, presentó una denuncia sobre el motín de esta semana para que la Fiscalía investigue, pero Garzón dio por hecho que la razón de fondo de los enfrentamientos es la lucha por el control del lugar. En esa puja están los grupos Los Choneros, Los Tiguerones y Los Lagatos.

"Todo está tranquilo; ellos (los reclusos) están en las celdas. No es que los pabellones están tomados por ellos", expresó la comandante de la Policía, general Tannya Varela, en declaraciones a la prensa, tras liderar un operativo con la intervención de 900 agentes.

Los pabellones "no están tomados. Nosotros estamos ingresando normalmente", enfatizó la funcionaria, citada por la agencia de noticias AFP.

Entretanto, la desesperación aumenta fuera de la colapsada morgue de Guayaquil, donde decenas de personas reclaman a gritos información sobre sus familiares, que esperan y entran en grupos de a cinco, en medio de la información sobre cuerpos irreconocibles.

El informe oficial de la Defensoría del Pueblo detalla "118 personas fallecidas, 86 heridas, de ellas seis de gravedad y 80 leves".

El miércoles, el presidente Lasso declaró el estado de excepción en el sistema penitenciario nacional, con lo que suspendió derechos a los presos y habilitó el ingreso de militares.

Y anoche, la Asamblea Nacional (parlamento) aprobó una resolución para pedir la presencia de la ministra Vela y Garzón en el recinto, en no más de ocho días.

Ecuador, con 65 prisiones para 30.000 personas, afronta desde hace varios años una crisis carcelaria a causa de una superpoblación de 30%, falta de guardias, reducción de presupuesto, corrupción y una guerra entre bandas criminales con miles de miembros y vínculos con el narcotráfico mexicano y colombiano.

En lo que va de 2021, las revueltas dejaron 237 muertos y 166 heridos.

Solo en febrero murieron 79 presos en amotinamientos simultáneos en cuatro prisiones de tres ciudades. También entonces circularon imágenes de cuerpos desmembrados e incinerados.

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