Casi medio millón de personas en relación a 6 millones de habitantes de Arizona son inmigrantes ilegales.
La gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, promulgó la ley más severa en Estados Unidos contra la inmigración indocumentada, lo cual podría afectar a casi medio millón de inmigrantes que viven ilegalmente en este estado fronterizo con México.
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La gobernadora de Arizona (suroeste) firmó la controversial ley mientras miles de manifestantes en las puertas de la sede de Gobierno estatal en Phoenix alzaban pancartas y gritos de protesta. La ley es considerada la más dura contra la inmigración ilegal en Estados Unidos y un claro desafío al gobierno de Barack Obama.
"La ley que voy a firmar, el proyecto del Senado 1070, es otra medida de nuestro estado que trabaja por resolver una crisis que no hemos creado y el gobierno federal se ha negado a solucionar", dijo Brewer.
"Durante semanas, esta legislación ha sido objeto de un intenso debate e intensa crítica. Mi decisión de firmar no fue de ninguna manera tomada a la ligera. He escuchado pacientemente a ambos lados", agregó.
La ley promulgada este viernes convierte en delito residir sin documentos migratorios y permite a la policía local confirmar el estatuto migratorio en base a "sospechas razonables". Horas antes de su promulgación, Obama había calificado de "irresponsable" a esta legislación.
Mientras, en México y Guatemala las principales fuerzas políticas así como portavoces de Gobierno habían condenado el texto y llamaron a repudiarlo.
"Decidí firmar la ley porque, aunque mucha gente está en desacuerdo, creo firmemente que representa lo mejor para Arizona", apuntó Brewer al mencionar los problemas de violencia y criminalidad que sufre la población a raíz de "una frontera porosa".
"No podemos sacrificar nuestra seguridad ante la codicia criminal de los carteles de la droga. No podemos permanecer de brazos cruzados mientras los secuestros y la violencia comprometen nuestra calidad de vida", agregó.
La indignación por la promulgación de la ley no se hizo esperar por parte de las organizaciones defensoras de los inmigrantes indocumentados, unos 11 millones a nivel nacional, que viven y trabajan en este país.
"Estamos muy decepcionados" por la decisión de la gobernadora, dijo en un comunicado Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), organización defensora de los derechos civiles de los hispanos, principal minoría en Estados Unidos.
Según Murguía, "Brewer se une a una larga lista de políticos de Arizona que están tratando de asegurar su propia supervivencia política a expensas del pueblo que dicen representar y servir".
Aunque Arizona no es uno de los Estados con mayor cantidad de indocumentados en el país, es la segunda jurisdicción -después de Nevada- con mayor proporción de inmigrantes no autorizados respecto a su población: casi medio millón de personas en relación a 6 millones de habitantes, según datos del Centro Hispano Pew.
Brewer aseguró que "no tolerará la discriminación racial". Una vez promulgada la ley, un periodista le preguntó qué características tenían para ella los indocumentados: "Yo no sé cómo es un inmigrante ilegal", respondió.
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