EEUU: Congreso y Casa Blanca avanzan en plan de reforma migratoria

Muro fronterizo que separa EEUU de México.

El Congreso y la Casa Blanca acordaron hoy el marco de una reforma migratoria integral que fortalece la seguridad fronteriza y abre una vía para la legalización de quienes entraron ilegalmente a Estados Unidos antes de enero de 2007.

El acuerdo, anunciado al concluir tres meses de escabrosas negociaciones entre demócratas, republicanos y la Casa Blanca, será la base del debate sobre el plan de reforma que tendrá lugar a partir del lunes en el Senado.

El plan elaborado a tres bandas cuenta con la venia del presidente George W. Bush, quien dijo, desde los jardines de la Casa Blanca, que está "ansioso" de firmar una reforma lo antes posible.

En su opinión, el plan "crearía un sistema de inmigración seguro, productivo, ordenado y justo".

Durante una rueda de prensa, los principales negociadores del pacto, de más de 300 páginas, insistieron en que no se trata de una "amnistía" y que el debate permitirá la discusión de enmiendas.

El Senado prevé dedicarse casi exclusivamente al asunto durante al menos dos semanas.

Cualquier versión que salga del Senado tendrá que ser armonizada con la que apruebe la Cámara de Representantes.

Los legisladores dejaron claro que quieren evitar los errores de la reforma de 1986 que no frenó la inmigración ilegal hacia EE.UU.

"Este plan no es perfecto pero es un proyecto de ley sólido y una solución que vale la pena", dijo el senador demócrata Edward Kennedy.

Por su parte, el senador republicano Arlen Specter señaló que además de permitir que los indocumentados "se ganen el derecho" de la residencia permanente, el plan "restablecerá el imperio de la ley" en la porosa frontera sur.

El senador republicano y precandidato presidencial John McCain afirmó que con este acuerdo el mensaje para los empleadores es que el gobierno no tolerará más la contratación de inmigrantes clandestinos.

Otro republicano, Lindsey Graham, afirmó que el pacto contribuirá a la competitividad del mercado laboral estadounidense y permitirá que "tanto el que tiene un doctorado como un jardinero tengan la oportunidad de convertirse en americanos".

Tanto demócratas como republicanos, entre ellos los secretarios de Comercio, Carlos Gutiérrez, y de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, coincidieron en que aunque será un proyecto muy difícil de negociar, el 2007 es el año del "ahora o nunca" para la reforma, tomando en cuenta las elecciones presidenciales del próximo año.

Entre los principales elementos del acuerdo bipartidista, los doce millones de inmigrantes indocumentados ya en EE.UU., recibirán un permiso de trabajo y podrán solicitar una visa "Z".

Sin embargo, tendrán que cumplir con una serie de requisitos como el pago de una multa de 5.000 dólares, dominio del inglés y carecer de antecedentes penales.

Además, el cabeza de hogar tendría que regresar a su país de origen en un plazo de ocho años antes de continuar los trámites.

Como concesión al ala conservadora del Partido Republicano, el plan también prevé la duplicación del número de inspectores y agentes de la Patrulla Fronteriza y la construcción de más verjas en la zona.

Además, se establecería un programa de trabajadores temporales en el que se concederían 400.000 visas "Y" por año, pero con esos documentos los beneficiarios sólo podrían vivir en EE.UU. por tres períodos separados de dos años cada uno.

Este programa temporal entraría en vigor siempre y cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ponga en marcha los nuevos perímetros de seguridad en las fronteras.

Los demócratas lograron mantener los principios de reunificación familiar, con el objetivo de que se reduzcan las demoras para unos cuatro millones de familias que iniciaron sus trámites migratorios antes de mayo de 2005.

Las autoridades también otorgarían visados especiales para trabajadores agrícolas.

Los estudiantes indocumentados que llegaron pequeños a EE.UU. y aspiran a una educación universitaria también podrían solicitar una visa "Z" de tres años, para después pedir la residencia permanente.

Entre los puntos más controvertidos figura un sistema de puntos, aún en ciernes, que, con base en los niveles educativos y salariales y nexos familiares de los inmigrantes, se determinaría si éstos son dignos o no de una tarjeta verde.

Aunque se trata únicamente de un marco general para el debate -para convertirse en ley tiene que ser aprobado por ambas cámaras del Congreso-, el plan ya suscitó críticas de legisladores conservadores de la Cámara de Representantes.

La aprobación de esta reforma beneficiaría tanto a Bush, que quiere dejar un legado en este campo, como a los demócratas que ahora controlan el Congreso.