El gobierno de Donald Trump vivirá horas clave para su gestión este martes. Este 30 de septiembre de 2025 es la fecha de expiración del actual presupuesto anual. En este escenario, el Senado tendrá que votar sobre un proyecto de ley de gastos temporal que ya fue rechazado en el pasado y que no tiene indicios de tener éxito en una segunda votación.
EEUU se acerca a un nuevo shutdown por las tensiones entre Donald Trump y el Congreso
Republicanos y demócratas parecen lejos de un acuerdo en referencia al proyecto de ley de gasto temporal. Así, Estados Unidos se encamina a un "cierre parcial de gobierno".
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El enfrentamiento entre Trump y los demócratas del Congreso se produce en un contexto de fuertes diferencias, con un líder republicano con un ejercicio de la política mucho más agresivo en todos los frentes, algo a lo que sus rivales políticos quieren poner un alto.
De no aprobarse los nuevos proyectos de ley referentes al presupuesto, se producirá un "cierre" en el gobierno estadounidense. Esto significa, entre otras cosas, la suspensión de servicios públicos no esenciales.
El posible cierre de gobierno en Estados Unidos
El Senado de Estados Unidos, bajo mayoría republicana, se prepara para votar nuevamente un proyecto de ley de financiamiento temporal sobre al filo de su expiración. Los demócratas reclaman incluir en la iniciativa la extensión de beneficios de salud que vencen a fin de año y alcanzan a millones de ciudadanos, algo que sus adversarios insisten en tratar de manera separada.
Mientras tanto, las agencias federales difundieron planes de contingencia en caso de que no se logre un acuerdo antes de la medianoche estadounidense, momento exacto en el que expirará la financiación actual. Dichos planes contemplan el cierre de oficinas dedicadas a investigación científica, atención al ciudadano y otras tareas catalogadas como “no esenciales”, además de enviar a miles de empleados a sus casas sin goce de sueldo.
En detalle, en las últimas horas el sector de los demócratas buscaron abrir una fisura entre Donald Trump y su bloque en el Congreso, al remarcar que el presidente se mostró receptivo a prolongar una exención impositiva que abarata costos de salud para 24 millones de estadounidenses. “Está en manos del presidente si evitamos un cierre”, subrayó el líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer. En referencia a sus dichos, el vicepresidente JD Vance reconoció que la oposición llevó “algunas ideas razonables” a la mesa, aunque no dio más detalles sobre el futuro de la votación.
Impacto sobre los trabajadores
En caso de no haber acuerdo y que el gobierno afronte un shutdown, los empleados asignados a servicios no esenciales son enviados a licencia sin goce de sueldo, mientras que quienes cumplen funciones críticas deben seguir trabajando, también sin cobrar. Los salarios se pagan de manera retroactiva una vez que el Congreso aprueba los fondos, aunque durante la suspensión el consumo de estos hogares se desploma.
Por su parte, los servicios esenciales seguirán en funciones, aunque muchos pueden llegar a verse afectados, tales como las solicitudes de Seguridad Social y Medicare, las inspecciones de alimentos y los parques nacionales.
Por otro lado, los economistas también temen que un cierre repercuta en la publicación de datos oficiales por parte del gobierno federal. Esto implica una preocupación particular para la Reserva Federal de Estados Unidos, que se guía por la mencionada información para decidir su política monetaria.
Riesgos para la economía
El gasto discrecional, equivalente al 27% del presupuesto federal, quedaría interrumpido de inmediato de no llegarse a un acuerdo este martes. Esto se traduce en una caída temporal de la producción de servicios públicos y, al mismo tiempo, en un menor consumo de los empleados en licencia.
Los analistas estadounidenses calculan que esta situación puede generar - por semana - una caída entre el 0,1% y 0,3% del PIB real del trimestre, lo que implica que un cierre de un mes podría reducir la actividad entre 0,5% y 1,5%.
Si bien el pago retroactivo de salarios permite cierta recuperación del consumo, no todo se recompone: el gasto en transporte, comidas fuera del hogar y otros rubros asociados al trabajo presencial se pierden definitivamente. Además, la suspensión de pagos a proveedores estatales puede derivar en problemas de liquidez para empresas contratistas, con riesgo de pérdida de empleos e incluso quiebras si la crisis se prolonga.
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