El Congreso de Venezuela sancionó la ley de amnistía a "presos políticos"

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La sanción de la ley de amnistía y la aprobación parcial de la reforma a la ley que regula el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) volvieron a intensificar el conflicto de poderes surgido en Venezuela desde que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora al gobierno chavista asumió en enero pasado el control de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).

Tanto la sanción de la amnistía como la aprobación en primera discusión de la reforma a la Ley Orgánica del TSJ fueron alcanzadas en la sesión de ayer de la Asamblea con los votos de la bancada de la MUD y pese al rechazo de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante.

Sin embargo, lejos de significar una definición para el marco legal de esos asuntos, la novedad provocó la profundización del debate que ya tenía lugar acerca de las competencias del resto de los poderes públicos -todos ellos controlados por el chavismo gobernante- para dejar sin efecto lo que sancione el Legislativo.

La segunda y definitiva votación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional se produjo a última hora de anoche -pese a que no figuraba en el orden del día de la sesión, por lo que el chavismo acusó a la mayoría de haber violado el reglamento de la Asamblea-, al cabo de un debate que duró casi ocho horas.

"Aquí va a haber justicia y habrá justicia, y todos los que están presos por corrupción, por asesinato, por violación a la Constitución y las leyes seguirán bien presos", afirmó en el recinto la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea, Delsa Solórzano, de la MUD, y remarcó que la amnistía beneficiará a los "presos políticos".

Con la amnistía, la MUD procura sacar de la cárcel a cerca de 80 dirigentes opositores presos, entre ellos el líder partidario Leopoldo López, el alcalde Antonio Ledezma, el ex alcalde Daniel Ceballos y el ex candidato presidencial Manuel Rosales.

"Ustedes podrán con su mayoría aprobar esta ley pero la historia los condenará", dijo el legislador y ex canciller Elías Jaua, del PSUV, después de que su compañero de bancada Darío Vivas calificara a la amnistía como "piratería criminal".

El presidente Nicolás Maduro, que no tiene poder de veto, había advertido más temprano que no promulgaría la norma en el caso de que fuera sancionada.

"Están aprobando una ley para proteger a asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas; tengan la seguridad de que esa ley por aquí no pasa", advirtió el mandatario.

La Constitución venezolana faculta al presidente a solicitarle a la Asamblea que modifique artículos o levante total o parcialmente una ley sancionada, pero no le confiere derecho a veto. Si el mandatario no promulga una ley, podrán hacerlo las autoridades del parlamento.

No obstante, el conflicto de poderes actual no se limita a quién se encarga de promulgar las leyes sino que se extiende a su entrada en vigencia o no, pues el chavismo ya ha utilizado al TSJ -que, además, es el encargado natural de la interpretación constitucional- para neutralizar la autoridad del Legislativo.

Así ocurrió tanto en enero como semanas atrás, cuando la Asamblea, en uso de sus facultades constitucionales, vetó el decreto de emergencia económica dictado por Maduro y luego su prórroga, y el TSJ ratificó su validez.

De hecho, mientras un abogado constitucionalista aseguró que el TSJ carece de potestad para declarar inconstitucional a la amnistía, el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, advirtió que los jueces del máximo tribunal, de los que dijo irónicamente que conforman un "bufete inconstitucional", ya estaban "preparando" una sentencia para anular la norma.

"Una ley de amnistía no es revisable por la Sala Constitucional (del TSJ) ni siquiera bajo el argumento de la promoción de impunidad, puesto que la decisión acerca de las conductas que deben ser penalmente sancionadas es libre y discrecional del Poder Legislativo nacional", sostuvo el abogado constitucionalista y docente Manuel Rojas Pérez en declaraciones publicadas por el diario El Nacional.

En tanto, Ramos Allup escribió en su cuenta de Twitter: "Bufete inconstitucional malandro reunido emergencia hasta madrugada preparando anular ley BCV y amnistía (ya aprobadas AN) y TSJ aprobada 1ra".

Se refirió, además de la amnistía, a la reforma de la Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela (BCV), promulgada este lunes por la Asamblea luego de que no lo hiciera Maduro, y a la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, aprobada ayer en primera discusión y, por lo tanto, pendiente aún del dictamen de comisión y del segundo y definitivo debate.

Con las reformas al funcionamiento del TSJ -que incluyen el aumento de la cantidad de sus integrantes-, la MUD procura "ponerle fin al fusilamiento de la democracia en Venezuela", afirmó durante el debate el diputado opositor Luis Florido.

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