El fracaso de 30 años de sanciones

Pekín - Birmania figura, desde hace décadas,en los primeros puestos de las listas negativas en términos de libertades y derechos humanos, y en los últimos de las positivas, de los listados de países del mundo citados por diferentes organismos internacionales. Según esos informes, el régimen mantiene un millar de presos políticos, soluciona los problemas de las levas con el alistamiento en las fuerzas armadas de hasta 70.000 adolescentes de menos de 18 años, y su guerra de contrainsurgencia ha generado un millón de refugiados y arrasado 3.000 aldeas en los últimos diez años.

El régimen birmano, la dictadura militar más longeva del mundo (45 años), es objeto de sanciones occidentales desde hace treinta años, pero de momento, esos castigos sólo sirvieron para enrocar aún más a los militares.

Estados Unidos mantiene las sanciones más duras contra Birmania, con una prohibición de inversiones desde 1997 y de todo comercio desde 2003, mientras que la Unión Europea viene endureciendo su actitud desde 1996. En 2005, hasta el Global Found, dedicado a la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, se retiró del país.

Contradictorio

En Birmania, la política occidental de sanciones no ha tenido efectos positivos. Aplicar sanciones para aislar a un régimen que ha hecho del aislacionismo un principio de su política durante treinta años tiene algo de contradictorio.

Las sanciones podrían ser útiles si el grupo dirigente birmano hubiera optado claramente por una apertura comercial y por la multiplicaciónde los intercambios con Occidente, pero ése no es el caso. En ese aspecto, Birmania se parece más a Corea del Norte que a las antiguas dictaduras de Corea del Sur o Taiwán, interesadas en la exportación y el comercio exterior.

Las sanciones occidentales contra Birmania son inoperantes también porque no son compartidas por los vecinos o algunos países importantes (Tailandia, China, India, Rusia, Japón), con lo que el aislamiento comercial y político de la junta está muy lejos de ser completo. Desde el descubrimiento de fabulosos recursos energéticos en Birmania, la actitud de esos países se está haciendo cada vez más hostil a las sanciones.

Políticamente, las sanciones sirven para endurecer a los militares más y más, alimentar su desconfianza y xenofobia, y confirmar las probablemente ilusorias expectativas de cambio de régimen de la oposición, la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de la señora Suu Kyi, que considera un sacrilegio cualquier contacto con los militares. Ese integrismo es comprensible, porque en 1990 la junta le robó las elecciones, pero no es razonable porque en Birmania, el ejército es el Estado, y fuera de él no hay un gran terreno para lo político.

La junta birmana no reposa sobre una estructura administrativa civil subalterna, sino que son los militares quienes manejan las riendas de todo. Hasta los dirigentes de la opositora LND son ex altos mandos del régimen militar.

El drama militar de Birmania es resultado directo del colonialismo británico, que a finales del XIX desmanteló por completo las instituciones de la sociedad tradicional local, incluida su monarquía, en represalia a la orgullosa y tenaz resistencia birmana. Después de 1948, el ejército fue la única institución capaz de lidiar con un caos y un vacío, que fueron doble resultado de una colonización brutal y una descolonización dramática por sus circunstancias.

Conflictos

Tras la independencia, el país fue un hervidero de conflictos armados, étnicos, comunistas, anticomunistas, algunos de ellos claramente instrumentados desde el exterior (Estados Unidos, China, Tailandia). Ese cuadro dio lugar a la guerra civil más larga del siglo XX. Los militares supieron concluirla en los noventa, firmando 28 acuerdos de paz de diversos contenidos que han sido un gran avance. Pero la situación es muy frágil y fácilmente reversible a la menor inestabilidad. La oposición no tiene una política clara en eso, que es lo más fundamental para la paz, el desarrollo y la democracia.

Birmania es un país que aún «se está haciendo», desde el punto de vista de su unidad interna e integridad territorial. Con entre 40 y 140 grupos étnicos, según la clasificación, si entra en un proceso desintegrador, podría resurgir fácilmente media docena de conflictos armados.