El Gobierno celebró la sanción del Régimen Penal Juvenil en el Senado

El Ejecutivo destacó el avance parlamentario como el cierre de una deuda legislativa histórica y afirmó que la nueva normativa introduce un criterio de responsabilidad acorde a la realidad criminal actual.

La administración Milei respaldó la reforma y aseguró que el eje de la iniciativa es fortalecer el orden público y la protección de las víctimas.

El Gobierno celebró este jueves la sanción definitiva del nuevo Régimen Penal Juvenil, luego de que el Senado de la Nación aprobara la iniciativa que, entre otros puntos centrales, reduce la edad de imputabilidad penal a los 14 años.

Según el comunicado oficial difundido desde Casa Rosada, la aprobación de la ley implica el cierre de “cuatro décadas de inacción legislativa” y la actualización de un marco normativo que, de acuerdo con el Gobierno, había quedado “desconectado de la realidad criminal del siglo XXI”.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la modificación del régimen no constituye únicamente un cambio legal, sino que representa “un acto de justicia hacia la sociedad”. En ese sentido, el texto oficial sostiene que, a partir de la entrada en vigencia de la norma, quienes tengan la capacidad de comprender la gravedad de sus actos deberán responder ante la ley, sin excepciones.

“Delito de adulto, pena de adulto”, señala el comunicado, en una definición que sintetiza el enfoque adoptado por el Gobierno en materia de política criminal y seguridad.

Respaldo presidencial y foco en las víctimas

El presidente Javier Milei destacó la labor de los legisladores que acompañaron la iniciativa y subrayó que la seguridad de los argentinos y la protección de las víctimas deben estar “por encima de todo”.

Para el Ejecutivo, la reforma salda “una deuda histórica” y devuelve al sistema judicial “las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos” que, según el comunicado, marcaron las últimas décadas.

El mensaje oficial concluye con una definición de principios que el Gobierno considera centrales para la convivencia social. “El orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando existen consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social”, afirma el texto.

Y cierra con una consigna que el Presidente viene repitiendo desde el inicio de su gestión: “En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.

Régimen penal juvenil: qué dice el proyecto

La redacción libertaria establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, o de entre 3 y hasta 10 años pero que no impliquen un delito de gravedad, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; y la prestación del servicio a la comunidad.

Como partida presupuestaria para la implementación del proyecto, se dispusieron $23.739.155.303. Más de $20.000 millones se destinan a la Defensoría General de la Nación, para garantizar la legítima defensa de los jóvenes en conflicto con la ley. También proyecta más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia, encargado de definir los "supervisores", una figura de autoridad fundamental para la ejecución del proyecto. Deberán tener "formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones y trabajo social". "Se deberá garantizar que la cantidad de adolescentes asignados a cada supervisor permita el adecuado seguimiento y supervisión de cada uno de los adolescentes imputados", señala y establece que entre sus tareas está "mantener entrevistas semanales con el adolescente y seguir, asistir, supervisar y controlar su evolución durante el proceso y su detención".

Asimismo, refiere que los alojamientos deberán "hacerse efectivo en dependencias acondicionadas especialmente para ese fin, bajo la dirección de personal idóneo para el trato con aquellos". Para ello no se propone un financiamiento concreto, sino que se se establece que la Nación y los distritos "podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción".