En el sangriento oeste, los ejércitos de autodefensas se niegan a dejar las armas

En Michoacán, donde operan algunos de los principales puertos mexicanos, se libra una batalla por el control del territorio entre las bandas Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Los pobladores afirman que su resistencia ayuda a frenarlos.

PATRULLA. Un miembro de una de las autodefensas recorre un camino de Michoacán. Sus "comandantes" denuncian que el Gobierno quiere desarmarlos sin brindarles ningún tipo de garantía de protección. 

Reuters

Santa María Ostula, México - Rodeado de hombres armados, el “Comandante Toro” asegura que los civiles que tomaron fusiles para defenderse de criminales en el occidental estado mexicano Michoacán no las depondrán. Por el contrario, dijo, reavivan sus operaciones ante la violencia creciente.

Germán Ramírez, “Toro”, es un exprofesor de una escuela rural en la comunidad de Santa María Ostula, una empobrecida comunidad con una buena parte de su población indígena, situada en el municipio de Aquila, Michoacán.

Luego de que presuntos sicarios secuestraron y mataron a tiros a su padre hace seis años, Ramírez tuvo que enfocarse en una nueva vocación como líder autodefensa para ayudar a su comunidad a luchar contra grupos criminales que pelean por el control del mercado de drogas sintéticas, otros narcóticos, tala clandestina, tráfico de minerales y otros ilícitos. “Cada vez que matan a alguien hay más familias enojadas”, dijo Ramírez, de 31 años. “Así es como las personas toman las armas y nuestras fuerzas aumentan. Esto es lo que sucede”, agregó.

El resurgimiento de decenas de los llamados grupos de autodefensas, que tomaron notoriedad hace unos años, expuso deficiencias en la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador para reducir niveles récord de violencia. De acuerdo con datos oficiales, de enero a junio en México se cometieron 17,614 homicidios, cifra que apunta a superar el número récord de muertes violentas del año pasado. De estos delitos, 809 ocurrieron en Michoacán y un 13% más de los casos registrados en ese estado en el mismo período de 2018.

Ramírez dice que en este momento, solo para cuidar las rutas de Santa María Ostula y accesos a comunidades cercanas, cuenta con unos 200 civiles armados. El comandante, cargo que obtuvo por usos y costumbres, asegura que a diferencia de los criminales contra quienes pelean, ellos no matan y prefieren expulsarlos del pueblo. En esta zona, comenta, rara vez entra la Policía local como en otras zonas rurales de Michoacán.

López Obrador asumió la presidencia en diciembre con la promesa de dar amnistía a integrantes de grupos delictivos dispuestos a abandonar las filas como una nueva estrategia poco clara, para reducir los niveles de violencia sin tener que recurrir a fuertes confrontaciones (ver nota aparte). Desde entonces, su Gobierno ha enviado mensajes mixtos sobre cómo tratará con los grupos de autodefensas, que no siempre se distinguen de las organizaciones delictivas.

En agosto, López Obrador dijo que las autodefensas operaban fuera de la ley y deberían desarmarse. Sin embargo, otros funcionarios sugirieron que están negociando con ellos. Expertos en seguridad coincidieron que con el surgimiento de las fuerzas civiles armadas se contuvo la violencia en zonas azotadas por el crimen como Michoacán, pero con los años algunas se aliaron con criminales que les proporcionaron armas y protección. De hecho, “Toro” reconoció que algunos miembros de autodefensas se desviaron de su camino, tanto al sumarse a las filas de la delincuencia como aceptando un cargo en el Gobierno.

Las organizaciones de civiles armados comenzaron a emerger después de que el expresidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar contra los carteles en Michoacán, su estado natal, poco después de asumir el cargo en diciembre de 2006. Pero no fue sino hasta que el sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, asumió el poder en 2012 que los grupos de autodefensa comenzaron a pelear grandes batallas contra cárteles de la droga, llegando a los titulares nacionales.

Para principios de 2014, las autodefensas se habían afianzado en Michoacán y habían logrado mantener a raya a grupos delictivos como Los Caballeros Templarios, que en ese entonces era la principal amenaza para las comunidades, algo que se volvió incómodo para el gobierno.

En conjunto con el Cartel de Sinaloa del capo capturado Joaquín “El Chapo” Guzmán, los Caballeros Templarios dominaron las principales rutas de tráfico en la costa del Pacífico. No obstante, el desplazamiento de los Templarios abrió la puerta a las incursiones del grupo rival Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del vecino estado Jalisco, considerado uno de los grupos más peligrosos del mundo por el gobierno de EE.UU.

Las ofensivas del CJNG para asegurar las rutas de tráfico de fentanilo y minerales extraídos ilegalmente se extendieron en la costa escasamente poblada de Michoacán, ubicada entre los principales puertos como Lázaro Cárdenas, en el sur del estado, y Manzanillo, en el vecino estado Colima.

“Si entregamos nuestras armas, nos van a matar”, dijo Ramírez desde su guarida en una reverdecida colina bañada por la brisa del océano Pacífico donde a pocos metros se observa a decenas de hombres y mujeres armados junto a niños jugando.