Escándalo abre una crisis en el gabinete de Lula
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El Ministerio de Energía y Minas es clave para el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), presentado en enero y que prevé inversiones públicas por 234.000 millones de dólares hasta 2010. El 55% de ese monto será manejado por la cartera que Rondeau ha dejado vacante.
En el PT no se ha dicho públicamente cuáles son sus nombres, pero se asegura que existe una lista de tres candidatos.
Esta formación fue la única que pidió la renuncia de Rondeau tras conocerse las sospechas de la Policía Federal.
«Rondeau ha prestado un buen servicio al gobierno desde el punto de vista técnico, pero lo ideal es que se separe del cargo, al menos hasta que se esclarezca su responsabilidad», dijo ayer el presidente del PT, Ricardo Berzoini, en un pronunciamiento que no se les escuchó ni a líderes de la oposición.
Lula mantiene silencio sobre el asunto, pero políticos cercanos al presidente dijeron que, como suele hacer en momentos de crisis, actuará con «calma», a fin de no herir la sensibilidad de ninguno de los partidos de su coalición.
Por el momento, Lula ha decidido que la vacante sea ocupada en forma interina por el viceministro de Minas y Energía, Nelson Hubner, hombre de confianza de la influyente ministra de la Presidencia, Dilma Rousseff, coordinadora del PAC.
La oposición, por su parte, le exigió a Lula celeridad en el nombramiento del nuevo ministro. «El país no puede quedar parado», dijo el diputado Márcio Junqueira, del opositor partido Demócratas. Según Junqueira, se trata de una decisión que esperan cientos de inversores y que no puede ser sometida a «problemas partidistas».
La renuncia de Rondeau y las investigaciones que la provocaron han tenido coletazos en el Congreso, donde se teme por una «lista» de parlamentarios que, según la prensa local, estarían implicados en los mismos fraudes con obras públicas.
Esa preocupación fue reconocida por el presidente de la Cámara de Diputados, Arnildo Chinaglia, quien anunció ayer que ha pedido a la Justicia el expediente de las investigaciones para comprobar si esa lista existe.
La oposición, que se muestra cautelosa, decidió, además, promover la creación de una comisión parlamentaria que investigue sospechas en obras públicas detectadas por la policía en diez de los 27 estados del país.




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