Escándalo en Italia: descubren una red de escuchas ilegales que implicaría al poder judicial

El ministro italiano de Justicia, Clemente Mastella, ordenó una investigación administrativa para determinar si algunas estructuras judiciales están implicadas en la red de escuchas telefónicas ilegales, vinculada a Telecom Italia, que llevó al arresto de 21 personas por orden de la fiscalía de Milán.

El ministro, para hacer luz sobre "una presunta complicidad" de estructuras de la administración judicial en las escuchas telefónicas ilegales efectuadas delegó de inmediato a la Inspección general para que investigue y verifique la autenticidad de las noticias e identificar a eventuales responsables.

En cambio, el ministerio del Interior no abrirá investigación alguna y su titular, Giuliano Amato, dijo que el tema sólo hace a "casos individuales" y ciertamente "no hay ni una dependencia infectada ni una vasta investigación que hacer".

Amato agregó que "se trata de cuatro o cinco policías que, en distintos lugares, usaron información oficial para fines ilícitos".

Italia está sacudida tras el descubrimiento de un amplio sistema de escuchas telefónicas ilegales que data de varios años, que implica a Telecom Italia y cuyas ramificaciones se extendieron a numerosos sectores de la economía, la política y el deporte.

El gobierno de Romano Prodi fue exhortado a dar explicaciones sobre este caso por diputados de la oposición y de la mayoría, que involucra a un importante responsable de la primera empresa de telefonía italiana.

El jefe de gobierno que aceptó hablar sobre el caso Telecom ante el Senado después del 29 de setiembre, muy probablemente también deberá dar explicaciones sobre este nuevo escándalo de espionaje telefónico.

De las 21 personas arrestadas el miércoles, 11 son miembros de la policía o de los carabineros (la policía militar italiana).

Los detenidos están acusados de asociación para delinquir por haber organizado un centro de escuchas ilegales a "miles de personas".

Ese centro de espionaje telefónico ilegal fue creado en 1997, según los investigadores, para obtener informaciones confidenciales económicas y políticas de miles de personas, que luego iban a ser vendidas o utilizadas con diversos fines.

Dos personas, Giuliano Tavaroli, entonces responsable de seguridad en Telecom Italia, y Emanuele Cipriani, investigador privado, están señalados como las cabezas de ese centro de escuchas ilegales y de haber obtenido con esa actividad 20 millones de euros.

Once órdenes de arresto fueron emitidas también para miembros de las fuerzas del orden, policías y carabineros.

Los magistrados describieron "un sistema de investigación ilícito y de conservación de datos que constituía un instrumento de presión, de condicionamiento, de amenaza y de extorsión, concentrado en las manos de un restringido grupo de personas.

Entre las personas espiadas figuran políticos, banqueros, empresarios y jugadores de futbol. "Decenas de miles de nombres fueron hallados en las computadoras y en los documentos secuestrados", publicó hoy la prensa italiana.

"A la sombra de la primera empresa de telefonía italiana, Telecom, creció una central de espionaje ilegal que no tiene precedentes en la historia de nuestro país", escribió hoy La Repubblica de Roma en su editorial.

El senador de Alianza Nacional (oposición) Francesco Storace pidió en una interpelación parlamentaria conocer "los motivos por los cuales" Prodi "cubrió los errores atribuidos a Telecom por la magistratura, prefiriendo chocar públicamente con el ex presidente de Telecom, Marco Tronchetti Provera, que se negó a aceptar un plan industrial dictado por el gobierno, pero noel escándalo de las interceptaciones de las cuales estaba formalmente en conocimiento, al menos desde el 11 de julio de este año".

El centro de escucha ilegal espiaba a empleados de Telecom o a quienes aspiraban a serlo, así como a políticos, personalidades del mundo financiero, entre ellas a Cesare Geronzi (de Capitalia), Calisto Tanzi (de Parmalat) y Vittorio Ripa di Meana.

El ex responsable de la seguridad de Telecom, Tavaroli, el titular de la agencia de investigaciones Polis d'Istinto, Cipriani y el actual manager de Pirelli, Pierguido Iezzi están en prisión desde ayer, junto a otros policías, al igual que militares de la guardia de finanzas (policía financiera), que abusaban de su papel para procurarse informaciones reservadas.

Esta es la última parte de la investigación milanesa, en el marco de la cual se efectuaron arrestos en meses pasados y que salpica inevitablemente al ex titular de Telecom, Tronchetti Provera, pues Tavaroli y el centro de escuchas ilegales, según el juez de instrucción a cargo, "estaban bajo control directo del presidente del grupo Telecom".

Por su parte, el semanario L'Espresso reveló hoy que el nuevo presidente de Telecom Italia, Guido Rossi, pocas horas antes de la operación de la fiscalía de Milán, "eliminó del organigrama la división seguridad, la que ahora está al centro del escándalo de estos días".