España: aprobaron polémica Ley de la Memoria Histórica

José L. Rodríguez Zapatero

Madrid (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - Tras una acalorada discusión, el Parlamento español dio su visto bueno definitivo a la Ley de la Memoria Histórica que condena la dictadura del general Francisco Franco y amplía el acceso a ciudadanía a cerca de un millón de latinoamericanos hijos y nietos de emigrantes y exiliados durante la Guerra Civil (1936-1939).

El proyecto legislativo, que además deroga leyes y sentencias judiciales del franquismo y ordena el retiro de sus símbolos, superó el lunes a la noche su último trámite en la Cámara alta, tras haber sido aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 31 de octubre.

En el transcurso del debate de la norma en el pleno de la Cámara alta, el gubernamental Partido Socialista (PSOE) defendió la necesidad del proyecto para promover la reparación moral de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil.

Sin embargo, la principal fuerza de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), mantuvo su denuncia contra el gobierno, al que reprochó atizar los rencores y buscar ventajas electorales con miras a los comicios de marzo próximo.

Paso colectivo

Desde la bancada socialista, la senadora Lentxu Rubial dijo que su grupo no pretende «ningún revisionismo, ni hacer electoralismo» con esta iniciativa, que no tiene «ningún ánimo revanchista». La parlamentaria, hija del histórico dirigente socialista español Ramón Rubial, aseguró que la nueva norma supone un «valioso y definitivo paso colectivo» en el «camino de la reconciliación» iniciado durante la Transición.

Las mayores críticas a la iniciativa, que se titula oficialmente «Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura», las vertió durante el debate el representante del PP Alejandro Muñoz-Alonso.

El senador popular tachó a la ley de «innecesaria e inútil» y denunció que se disfraza de «iniciativa de concordia» para dar «un paso más en la estrategia de ruptura» del gobierno «del pacto constitucional». Después de considerar « hipócrita» el proyecto, Muñoz-Alonso insistió en que el texto «lleva en su frontispicio gérmenes de disenso y discordia» y no tiene «ningún sentido».

Subrayó además que existen elementos suficientes en el ordenamiento jurídico para reparar daños a las víctimas de la dictadura y la Guerra Civil, y que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero podría haber articulado nuevas medidas para los casos no regulados mediante decreto y no con la aprobación de esta norma.

Solicitud

Por medio de esta ley, cerca de un millón de descendientes de inmigrantes españoles, muchos de ellos argentinos, podrán obtener la ciudadanía. Para preparar a la administración con el objetivo de evitar un colapso de los consulados, se acordó que la disposición referente a la nacionalidad entreen vigor en el plazo de un año desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevista para la próxima semana. Por lo tanto, a partir de diciembre de 2008, los descendientes tendrán dos años para solicitar la nacionalidad.

Según la ley hasta ahora vigente, el Código Civil de 2002, el requisito es que los progenitores de quienes demanden la nacionalidad hayan nacido en España. Desaparecido este requerimiento, el límite de la nueva ley es que debe haber una «continuidad» en la nacionalidad, requisito que no podrán cumplir los nietos de emigrantes españoles cuyos padres hayan fallecido sin haber optado por la nacionalidad, dijo Lois Pérez Leira, del Movimiento Argentinos en el Exterior.

Por otro lado, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Granada anunció que, tras la aprobación definitiva de la ley, pedirá, a pesar de la oposición de la familia de Federico García Lorca, la exhumación de cuatro cuerpos sepultados en Burrone de Viznar, entre ellos el del poeta, asesinado en 1936, para darles justa sepultura.