España: el Juez Garzón renuncia a investigar a desaparecidos

Juez español Baltasar Garzón.

Un mes después de abrir una histórica investigación penal sobre la represión y las miles de desapariciones durante la dictadura franquista (1939-1975) y la anterior Guerra Civil en España, el juez Baltasar Garzón decidió hoy abandonar la causa y remitirla a los distintos juzgados provinciales del país.

La sorpresiva decisión fue interpretada en círculos jurídicos como un paso del magistrado para evitar una derrota ante la Justicia, ya que se daba por hecho que, a instancias de la fiscalía, que había recurrido la investigación, la Audiencia Nacional iba a declararlo en breve incompetente para llevar este caso.

En una resolución de 152 páginas, Garzón señala que tanto el general Francisco Franco como otros 44 ex altos cargos de su régimen a los que acusó de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100 mil personas han muerto y que por lo tanto su responsabilidad penal quedó "extinguida". Sin embargo, insiste en que esos delitos "permanecen" y no han prescrito.

El magistrado, que ya había ordenado la exhumación de 25 fosas comunes con restos mortales de víctimas de la represión ejecutadas por los franquistas, acuerda en su dictamen inhibirse en favor de los juzgados territoriales en los que se encuentran esas tumbas, entre ellas la del poeta Federico García Lorca, asesinado a comienzos de la Guerra Civil (1936-1939) cerca de Granada.

No obstante, Garzón ratifica "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".

Por ello, reclama la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, siguiendo la recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que también propone crear una comisión de expertos para "restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos" durante la Guerra Civil y la dictadura, y "permitir que las familias identifiquen y exhumen" a sus víctimas.

Para reforzar la idea de permanencia del delito destaca "el caso de las víctimas que puedan estar vivas" y se refiere concretamente a los miles de niños arrebatados a sus padres para ser educados en la "afección al régimen" franquista, robándoles su identidad.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), la principal impulsora de la investigación de Garzón, rehusó hoy hablar de un fracaso o de un paso atrás. Su presidente, Emilio Silva, señaló que la vía judicial todavía no está agotada y que pueden acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

Además, recordó que la causa abierta por Garzón ha tenido una "importante repercusión", ya que miles de familiares de víctimas que hasta el momento no se habían atrevido a dar el paso reclaman ahora la exhumación de sus seres queridos para poder ofrecerles un entierro digno.

Desde el comienzo, la fiscalía sostuvo que Garzón no tenía competencia para investigar la represión durante el régimen franquista por lo que recurrió la causa y consiguió, hace dos semanas, que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional paralizara las exhumaciones ordenadas por el juez.

Según el fiscal jefe del alto tribunal, Javier Zaragoza, la pretensión de Garzón era un "disparate judicial" que suponía una "inquisición general" y un procedimiento que quebraba las más elementales reglas del proceso penal.

Además, afirmó que no se trató de crímenes de lesa humanidad sino de delitos de asesinato ya prescritos, también en virtud de la Ley de Amnistía de 1977.

También el opositor Partido Popular (PP) y la Iglesia católica se mostraron siempre en contra de las investigaciones de Garzón, alegando que éstas solo servían para abrir viejas heridas y romper el espíritu de la transición democrática que siguió a la dictadura.

Sin embargo, en su resolución el magistrado advierte al Estado y a la Fiscalía que "obstaculizar la investigación, luego de la omisión de la misma durante años, sería contravenir flagrantemente" el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Asimismo, considera que el fiscal, que le acusó de crear una causa general contra el franquismo, opta "por la desprotección de las víctimas" al entender que si "para los presuntos responsables se ha tenido que 'formalizar' su defunción para poder declarar extinguida su responsabilidad", para las víctimas fallecidas "ni eso se puede hacer al no existir ni fecha, ni lugar de inhumación".