España: ultraderechista Falange quedó fuera de la acusación contra Garzón

El magistrado encargado del juicio a Baltasar Garzón decidió excluir del proceso a la Falange Española, que había denunciado al juez español por investigar sobre las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo, anunció el partido de ultraderecha.

El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, quien debe juzgar a Garzón tras admitir las demandas de tres grupúsculos de ultraderecha que estimaron que el juez español no era competente para efectuar esa investigación, estimó que la denuncia de Falange Española es imprecisa.

El juez considera que la denuncia no indica con precisión de qué acusa a Garzón y también que Falange - partido único durante la dictadura de Franco (1939-1975)b - incluía en su escrito "múltiples valoraciones" ideológicas y comentarios sobre circunstancias personales de Garzón que estimó inapropiados.

Por eso pidió al denunciante que eliminara esas valoraciones y comentarios, lo que no hizo en el plazo exigido por el juez la Falange Española, que pedía una pena de 20 años de inhabilitación para el juez, indicaron los medios españoles.

El partido de extrema derecha anunció seguidamente en su página web que recurrirá esta decisión del juez Varela.

A inicios de este mes, Varela decidió abrir el procedimiento para juzgar a Garzón por considerar que inició una investigación sobre los desaparecidos de la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años del franquismo a sabiendas de que no tenía competencia para ello.

Garzón efectuó brevemente esa investigación en 2008 estimando que el delito de desaparición forzada no prescribe.

Varela aceptó las denuncias de tres organizaciones consideradas de extrema derecha, Falange, Manos Limpias y Libertad e Identidad, que acusan de prevaricación (investigar sabiendo que no era competente) al juez.

Aluden para ello a una ley de 1977 que amnistía los delitos cometidos en esa época investigada.

El jueves, la fiscalía del Tribunal Supremo pidió el cierre de la causa contra Garzón por estimar que las acusaciones "carecen de legitimación procesal".

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces españoles, espera la apertura del juicio para decidir si suspende temporalmente de su cargo al juez.

El juicio a Garzón, de 54 años, conocido internacionalmente por su defensa de la justicia universal y por lograr la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998, causó una fuerte polémica en España y desató un amplio movimiento de solidaridad con el juez dentro y fuera del país, sobre todo de América Latina.