Washington y Nueva York (EFE, AFP) - En un nuevo intento por mejorar la seguridad en los aeropuertos a partir de los atentados del 11 de setiembre de 2001, el gobierno de EE.UU. pondrá en práctica un polémico sistema mediante el cual los pasajeros de vuelos comerciales serán clasificados con tres colores, según sus supuestos grados de peligrosidad.
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El nuevo sistema se aplicará en 2004, en los más de 26.000 vuelos diarios en todo el país. El método actual identifica a algunos viajeros como sospechosos según los hábitos de los terroristas: quienes compran un pasaje de ida, pero no de vuelta o quienes pagan en efectivo. El nuevo sistema cotejará la identificación de cada pasajero con los registros de actividades criminales y las listas de sospechosos compiladas por las agencias de espionaje e inteligencia, y asignará a cada viajero un apósito especial invisible de color verde, amarillo o rojo. Sólo los miembros de seguridad de los aeropuertos contarán con el equipamiento necesario para distinguir de qué color es cada apósito.
La asignación del color también estará determinada por la ciudad en la cual el pasajero aborde el vuelo, su destino, las personas que lo acompañen y la fecha de compra del pasaje.
Según se informó, la mayoría de los viajeros será «verde» y abordará los aviones sin problemas, pero quien sea clasificado como «amarillo» será sometido a otras inspecciones, incluidos interrogatorios, y los «rojos» podrían ser arrestados. Barry Steinhardt, director de la Unión de Libertades Civiles, dijo que «este sistema estará repleto de errores: a una persona podrían arrestarla por error o información falsa. Otra podría verse demorada en sus vuelos». Mientras tanto, la Justicia de EE.UU. autorizó a los familiares de las víctimas de los atentados del 11 de setiembre de 2001 a iniciar juicios contra las aerolíneas United y American Airlines, el fabricante de aviones Boeing, y los dueños del World Trade Center.
La decisión fue adoptada por el juez Alvin Hellerstein, quien consideró que los familiares que demandaron a esas sociedades en vez de reclamar compensaciones de un fondo federal especialmente constituido podrán seguir su proceso judicial.
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