Luxemburgo (EFE, AFP, DPA, ANSA) - Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron ayer un proyecto que consagra la llamada «fortaleza» contra la inmigración ilegal, que institucionaliza la deportación y el encierro de esos extranjeros por vía administrativa hasta un máximo de 18 meses.
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La llamada Directiva para el Retorno, aprobada por los ministros del Interior de «los 27», «ofrece normas comunes y procedimientos de retorno así como reglas claras, transparentes y justas», señalaron funcionarios de la UE. «Toma totalmente en cuenta el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas», añadieron, en respuesta a críticas que no tardaron en llegar. Con su decisión, los ministros aumentaron la presión sobre el Parlamento Europeo para que siga su línea y apruebe la normativa.
La Directiva para el Retorno prevé, entre otras cosas, que las personas a ser deportadas pueden permanecer detenidas hasta un máximo de un año y medio, algo que organizaciones de ayuda a refugiados criticaron duramente.
El comisario de Justicia de la UE, Jacques Barrot, defendió las normas. «Esta directiva es claramente un progreso», dijo el francés. «Ofrece a los afectados mayor seguridad legal», añadió. Los regresos voluntarios recibirán prioridad y las personas que son deportadas recibirán el derecho a atención médica en caso de urgencia. Además, se ayudará especialmente a los menores de edad.
Intervención
La Comisión Europea (Poder Ejecutivo de la UE) podrá intervenir en el futuro si alguno de los Estados miembro no cumple con estas medidas, destacó Barrot.
La Directiva también establece reglas claras para el acceso de organizaciones no gubernamentales a las prisiones de la UE.
El Consejo Europeo para Refugiados y Exiliados (ECRE), una organización que agrupa a unos 65 grupos, se pronunció básicamentea favor de una reglamentación común de la UE para la deportación de extranjeros. Sin embargo, considera la directiva prevista totalmente desproporcionada, según dijo el secretario general de ECRE, Bjarte Vandvik. Criticó sobre todo que los afectados puedan permanecer en prisión hasta 18 meses, que se les prohíba volver a ingresar al país en cuestión una vez que fueron expulsados y que haya normativas negativas para las familias.
«Pedir asilo no es un delito», destacó Vandvik con vistas al tiempo que se permitirá mantener en prisión a las personas sin papeles.
El comisario Barrot respondió: «En nueve Estados miembro no había un plazo máximo, por lo que las personas podían permanecer detenidas por un tiempo ilimitado».
El debate sobre la Directiva para el Retorno se produce en medio de un momento complejo para Europa, con algunos gobiernos intentando detener un flujo de inmigrantes de Africa y Asia que parece imparable.
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