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Hugo Chávez
y Evo Morales
confraternizaron
una vez
más en la
Cumbre del
Mercosur de
Montevideo. El
venezolano
advirtió a
EE.UU. que
las revoluciones
que
ambos
encabezan en
Venezuela y
Bolivia podrían
tornarse
violentas.
También el que le ha dado más dolores de cabeza al presidente, prácticamente desde la instalación del foro en agosto de 2006.
Primero fueron los problemas para consensuar el reglamento de votación en la Asamblea y después el conflicto entre las ciudades de La Paz y Sucre por ser la sede de los poderes del Estado, que mantuvo paralizada a la Constituyente durante más de tres meses, además de otros obstáculos menores.
Finalmente, la Asamblea aprobó el pasado 9 de diciembre el proyecto constitucional impulsado por Morales y su partido, en medio del rechazo de la oposición y de varios líderes regionales, que lo tildan de «ilegal» y amenazan con no acatarlo.
El principal partido opositor en Bolivia, la alianza conservadora Poder Democrático y Social del ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), ha sumado el apoyo de los gobernadores de cinco de las nueve regiones del país en sus frecuentes críticas a Morales.
Para el año próximo está prevista la celebración de dos referendos: uno para un artículo de la propuesta constitucional sobre la definición de latifundio expropiable y, el definitivo, sobre el proyecto en su conjunto.
Si la nueva Constitución es aprobada en esa consulta popular se convocará a elecciones y entonces se verá si Morales sigue teniendo el mismo apoyo que cuando fue elegido en diciembre de 2005.
No obstante, el respaldo con el que cuenta el presidente tal vez deje de ser una incógnita mucho antes, si prospera el proyecto de ley que él mismo presentó en el Congreso para realizar un referendo sobre la revocación de su mandato y el de los nueve gobernadores regionales del país, la mayoría opositores.
Por si fuera poco con los referendos sobre el proyecto constitucional y el revocatorio, los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando también han anunciado que van a someter sus estatutos de autonomía a consultas populares.
Para el gobierno de Morales esos estatutos tienen propósitos separatistas y no tendrán ninguna validez si no se tratan y debaten en el marco de la nueva Constitución.
El abogado constitucionalista Carlos Alarcón sostuvo ayer, en una columna de opinión publicada por el diario «La Razón», que las medidas que proponen tanto el gobierno como los opositores son «artificiales» y darán como resultado «una mayor polarización, racismo, violencia y confrontación».




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