El gobierno colombiano admitió este miércoles, por primera vez, que sus negociaciones de paz con grupos paramilitares de extrema derecha atraviesan una grave crisis de credibilidad y responsabilizó a la misión de la OEA encargada de verificar un cese de hostilidades de no cumplir a cabalidad su función.
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"Nosotros entendemos que el proceso de paz con las autodefensas tiene un grave problema de credibilidad. Uno, porque la misión de la OEA hasta este momento no ha ejercido la función de veedor como tiene que ser; y dos, porque el compromiso de las autodefensas no ha sido total", dijo el vicepresidente Francisco Santos.
"No nos digamos mentiras, (los paramilitares) han seguido asesinando, han seguido cometiendo violaciones a los derechos humanos, poniendo al gobierno entre los palos. Para la muestra un botón: el secuestro del ex senador José Gnecco dos días antes del inicio de la zona (de concentración, de los líderes paramilitares y sus hombres)".
"Me parece que el señor (Sergio) Caramagna -jefe de la misión de verificación de la OEA para ese proceso- debe ser muchísimo más agresivo en el cumplimiento de esa misión", enfatizó el funcionario al reiterar que los tres líderes paramilitares que este miércoles asisten a una sesión del Congreso colombiano "van a tener que convencer a mucha gente que aún no está convencida de sus verdaderos propósitos".
"Los señores de las AUC tendrán que responder de frente al país por qué están violando el cese de hostilidades. La sociedad ha sido generosa y les abrió las puertas a esas organizaciones. Ellos van a tener que ponerle la cara al país y dar muchas explicaciones", agregó Santos.
Las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha), tres de cuyos líderes hablan este miércoles en el Congreso colombiano, nacieron en los años 80 auspiciadas por terratenientes y narcotraficantes, y hoy suman más de 20.000 hombres que combaten a la guerrilla.
En diciembre de 2002 las AUC anunciaron un cese unilateral del fuego, un hecho que desembocó el 15 de julio del 2003 en un acuerdo con el gobierno del presidente Alvaro Uribe, para iniciar la desmovilización de 20.000 combatientes antes de finales de diciembre de 2005.
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