Grecia: graves disturbios en masiva manifestación contra los recortes
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Los policías emplearon gases lacrimógenos y cargas para dispersar a los grupos violentos, que lanzaron piedras y bombas incendiarias, así como losas y adoquines a los agentes desplegados ante las escalinatas del Parlamento griego.
Decenas de manifestantes prendieron fuego a contenedores y a una de las garitas policiales situadas a la entrada del Parlamento, donde se debate la última tanda de medidas de austeridad, sin que se ocasionaran heridos.
Los grupos violentos rompieron escaparates de comercios, paradas de autobuses, todo tipo de mobiliario urbano y las fachadas de los hoteles de lujo situados en la plaza Sintagma.
En las principales ciudades del país se repitieron las escenas de violencia entre grupos de manifestantes y la policía, aunque aun no se ha dado a conocer una cifra de posibles heridos y detenidos.
Según los sindicatos griegos, la huelga general ha tenido un seguimiento de entre el 90 y el 100 % de los trabajadores griegos, duramente golpeados por la crisis y que en el sector público han visto perder hasta el 40 % de su poder adquisitivo por los recortes y las subidas de precios.
Además, quedó paralizado el transporte ferroviario y el marítimo, y cientos de vuelos han sido cancelados por la participación en la huelga durante 12 horas de los controladores aéreos.
El Parlamento de Grecia aprobó esta tarde de forma preliminar las nuevas medidas de austeridad, con el apoyo de 154 diputados socialistas, frente a 141 votos en contra de los 295 presentes, según el vicepresidente de la Cámara, Grigoris Niotis.
Esta votación fue previa a la definitiva de mañana, en que se vota artículo por artículo y en su totalidad, pero sirve para calibrar los apoyos del Gobierno socialista de Yorgos Papandréu, que cuenta con el apoyo de 154 diputados de los 300 de la cámara.
La ley prevé el pasar a 30.000 empleados públicos a una reserva previa a su despido antes de fin de año, mayores recortes en los salarios públicos, la rebaja del salario mínimo y la posibilidad de evitar los acuerdos colectivos en la contratación de trabajadores.




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