17 de octubre 2016 - 08:48

Guerra narco en dos cárceles de Brasil dejó 18 muertos en 24 horas

Captura de TV
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En menos de 24 horas, dos motines y una fuga en tres cárceles diferentes de Brasil, con 18 presos muertos, dejaron en evidencia la enorme fragilidad del sistema penitenciario del país sudamericano.

"Sabíamos que iba a suceder", afirmó Uziel Castro, titular de la Secretaría de Justicia y Ciudadanía (SEJUC), para luego agregar que, de todas formas, los hechos los tomaron por sorpresa.

El primer motín se produjo el domingo en el penal de Monte Cristo, Roraima, en la región norte del país. En un principio, la Policía Militar había informado que eran 25 los presos muertos por una pelea entre facciones criminales dentro del presidio. Sin embargo, a las pocas horas, la SEJUC lo desmintió afirmando que habían sido diez.

La confusión a la hora de informar y la enorme diferencia entre 10 y 25 cadáveres no hicieron más que seguir desnudando la fragilidad del sistema que, de todas formas, ya se había vuelto a evidenciar el lunes por la madrugada, con otro motín también en el remoto norte del país.

Una segunda pelea entre facciones, esta vez en Rondónia, cerca de la frontera con Bolivia, dejó como saldo ocho muertos, todos asfixiados, tras un conflicto que la policía no llegó a controlar.

Los dos motines con 18 muertos, varios decapitados y carbonizados son, de todas formas, apenas un eslabón más en el endeble y casi siempre penoso mundo de las superpobladas cárceles brasileñas.

El viernes, en Pará, se difundió el caso de una joven de 15 años que fue enviada a un penal para hombres, donde 20 presos la violaron y hostigaron durante un mes. Incluso, varios medios de comunicación hablan de la existencia de una red delictiva que acusa a adolescentes por delitos pequeños para que sean encarceladas y abusadas sexualmente por los reclusos.

En San Pablo, la policía brasileña intenta recapturar a presos que iniciaron este lunes una rebelión y huyeron de una prisión, en lo que es ya el tercer motín carcelario en Brasil en las últimas 24 horas.

Según informa el portal de noticias "O Globo", varios reclusos huyeron del presidio de Franco da Rocha, en la región metropolitana de Sao Paulo. El motín y posterior fuga comenzó en el hospital de tratamiento psiquiátrico del recinto y luego, siete predios del local fueron incendiados.

Los bomberos aún están en la cárcel tratando de apagar el incendio. La Policía Militar, con helicópteros, intenta localizar a los fugitivos. Todavía no hay informaciones sobre muertos o heridos. El diario "Estado de Sao Paulo" informó que pueden ser más de 300 los presos que se escaparon.

Según datos de la Secretaría de Administración Penitenciaria, el presidio tiene capacidad para 594 detenidos y una población carcelaria de 523, hasta el día 13.

Éste es el tercer motín en las últimas 24 horas en las cárceles brasileñas.

Ya de por sí, el hacinamiento y la superpoblación de las cárceles brasileñas son un constante foco de descontento y posible rebelión entre los reclusos. En Monte Cristo, una cárcel con capacidad para 700 prisioneros, había 1.400; en el penal de Rondónia, que debería albergar 400, había más de 700.

Pero además de ello, lo que sucede entre rejas se relaciona con luchas de facciones criminales que se disputan el control del tráfico de drogas en todo el país.

Si bien los funcionarios que están interviniendo en ambos casos no quisieron ahondar en la información, sí confirmaron que los dos motines se debieron a peleas internas entre agrupaciones de delincuentes que operan a nivel nacional. En un principio, se había mencionado que las facciones enfrentadas eran Primeiro Comando da Capital (PCC), la más poderosa del país, y Comando Vermelho (CV) y que el móvil de la pelea tenía que ver con el tráfico de estupefacientes en Río de Janeiro.

Río de Janeiro se encuentra a más de 3.300 kilómetros por ruta de Rondónia y a más de 5.000 de Roraima. Sin embargo, el poder de las agrupaciones del narcotráfico es tal que pueden operar sin importar la distancia, e incluso en países limítrofes con Brasil.

Los ciclos de alianzas o de disputas entre estas dos facciones definen muchas veces la atmósfera de seguridad, o falta de ella, que se vive en muchas ciudades de Brasil, más allá de las políticas públicas y de la muchas veces connivente mirada de la Policía y de las autoridades.

Según publicó la revista "Veja" el domingo, todas las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro se encuentran en alerta máxima, debido a que, después de 20 años, se rompió un acuerdo entre PCC y CV. Esto podría resultar, para la inteligencia brasileña, en una futura y cruel disputa por el control de las favelas y de las rutas de tráfico de drogas y armas.

El mismo día en que fue publicada la noticia, comenzó el motín en Monte Cristo, que la SEJUC relacionó, justamente, con el conflicto que se está viviendo en Río.

Todos los días, en los suburbios de la ciudad que en agosto albergó los Juegos Olímpicos, se registran numerosos tiroteos entre facciones y la Policía, y el 10 de octubre, incluso, se produjo uno en el turístico barrio de Copacabana, que dejó tres traficantes muertos.

Así, la combinación que resulta de las pésimas condiciones de vida para los presos en la mayoría de las cárceles; la lucha entre agrupaciones criminales por el control del tráfico en el país; y el enorme poder y capacidad de movilización que, incluso tras las rejas, detentan los líderes de esas agrupaciones, se vuelve letal para las fuerzas de seguridad de la nación sudamericana.

Brasil posee la cuarta mayor población carcelaria del mundo, sólo por detrás de Estados Unidos, China y Rusia. Según informó la Asociación Internacional de Abogados en 2012, "la superpoblación extrema, las condiciones sanitarias precarias, la violencia entre bandas y los motines deterioran el sistema penal, donde los malos tratos, incluidas las agresiones físicas y la tortura son habituales".

Entre 2003 y 2014, el número de presos en Brasil pasó de 285.000 a 574.000 (de los cuales el 61,7 por ciento son negros), según publicó aquel año la estatal Agencia Brasil. Existe, además, un deficit en el sistema carcelario de 220.000 vacantes, debido a que una gran parte de los reclusos son provisionales e ingresan a los presidios sin condena y aún a la espera de ser juzgados.