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En el caso de que la subvención se reduzca a cero, ambas partes deberán renegociar sus futuras relaciones económicas.
El nuevo estatuto abre a Groenlandia el acceso a competencias como política penitenciaria, policía, tribunales, extranjería y control de fronteras y transporte aéreo, de cuya financiación deberán encargarse las autoridades de Nuuk, la capital groenlandesa, una vez que las asuman.
Sólo seis áreas seguirán bajo control danés: Constitución, nacionalidad, Tribunal Supremo, defensa y seguridad, política monetaria y de divisas y política exterior, si bien las autoridades groenlandesas deben ser tenidas en cuenta en cuestiones internacionales que afecten a su territorio.
Aunque el referendo es de carácter consultivo y deberá ser aprobado luego por los Parlamentos de Nuuk y Copenhague, hay un acuerdo implícito de todas las fuerzas políticas para respetar su resultado, que nadie cuestiona que será afirmativo: la única duda radica en el porcentaje que alcanzará el «sí».
Lars-Emil Johanssen, ex presidente autonómico y diputado en el Parlamento danés, ha dicho que espera un mínimo de 60 por ciento a favor, cifra razonable considerando que sólo un partido groenlandés, Los Demócratas -que obtuvo 16 por ciento de los votos en los últimos comicios autonómicos-, apoya el «no».
Grupos partidarios del «sí» han convocado para hoy una procesión de antorchas por las calles de Nuuk para mostrar la unidad del pueblo groenlandés y su deseo de más autonomía.
Si todo ocurre como está previsto, el nuevo estatuto entrará en vigor el 1 de junio de 2009, coincidiendo con los 30 años de la autonomía groenlandesa, una de las dos que incluye el reino danés; la otra, las islas Feroe, ya alcanzó un estatus similar en 2005.
Más incierta parece la fecha de una hipotética independencia, que deberá contar con el apoyo de ambos Parlamentos y ser aprobada en referendo por los groenlandeses, aunque los más optimistas hablen de 2016 o de 2021, coincidiendo con los 300 años de la colonización danesa, pero todo dependerá fundamentalmente del petróleo.
Las autoridades han concedido licencias de exploración a varias compañías petroleras, pero el hielo dificulta la extracción, desde el punto de vista tecnológico y económico, lo que compromete la viabilidad del plan independentista, pese a que la estadounidense Alcoa pretende invertir más de 3.000 millones de euros en una fábrica de aluminio movida por energía hidráulica en la costa oeste.




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