Impuso Lula sanción a diputados rebeldes

Brasilia («O Estado de S. Paulo», DPA) - El gobierno de Brasil separó ayer a tres diputados izquierdistas del gobernante Partido de los Trabajadores de las comisiones parlamentarias que tratan los planes oficiales de reforma jubilatoria y tributaria.

La medida, anunciada ayer en Brasilia, representa el primer paso hacia el «aislamiento» y eventual expulsión de los representantes de las «facciones radicales» del PT, que critican la política económica del gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva y se oponen a las propuestas de reforma tributaria y de las jubilaciones estatales que el mandatario elevó al Congreso la semana pasada.

Los coordinadores de la bancada del PT en el Congreso sacaron a los diputados Lindberg Farías y Luciana Genro de la comisión que debate la reforma previsional, que contempla eliminar varios privilegios disfrutados hasta ahora por los empleados públicos jubilados.

Farías también puede ser suspendido por 30 días del puesto de vicejefe de la bancada oficialista en la Cámara Baja en caso de mantener su posición de crítica al gobierno, anunciaron dirigentes del PT.

Además, el diputado Joao Batista de Araújo, más conocido como «Babá», fue retirado de la comisión que debate el proyecto de reforma tributaria.

Las medidas anunciadas ayer fueron interpretadas en los medios políticos como una advertencia de que el gobierno pretende cumplir la amenaza de expulsar del PT a los legisladores del partido que se abstengan de apoyar las propuestas presentadas por el gobierno. «Lo que esperamos del PT es que la bancada actúe como bancada del gobierno», resumió el líder del partido de Lula en la Cámara de Diputados, Nelson Pellegrino.

En tanto, el presidente salió también a conjurar un conflicto planteado por un grupo de intelectuales y artistas contra la política cultural de su gobierno.

Así, ordenó al influyente secretario de Comunicación, Luiz Gushiken, y al ministro de Cultura, Gilberto Gil, que se reúnan con los artistas disconformes en Río de Janeiro para acordar los criterios que deben regir la política oficial en la materia.

• Críticas

Liderados por el director cinematográfico Cacá Diegues («Bye, Bye, Brasil» y «Dios es Brasileño»), los artistas lanzaron duras críticas contra Gushiken, ya que el funcionario impulsa que las empresas estatales otorguen patrocinio a producciones culturales.

Para lograr este objetivo, los autores de las obras deberán impulsar «la valorización de las tradiciones e identidad nacional» y «contribuir a la descentralización de la cultura y la democratización del acceso a ella», además de propugnar «la inclusión social de las comunidades de bajos ingresos mediante la generación de renta y ocupación social».

Según declaró Diegues días atrás, los nuevos criterios «representan una intervención política e ideológica en la creación artística».

Por su parte, el cineasta Zelito Viana sostuvo que las normas impuestas por Gushiken -uno de los exponentes del Partido de los Trabajadores (PT), de Lula- «parecen normas propias de Albania, antes de la caída del Muro de Berlín».

A juicio de Gil, la polémica saltó por un «malentendido» y aseguró que las políticas para el área cultural serán comandadas por su ministerio y no por la Secretaría de Comunicación.